La Contraloría General de la República anunció que iniciará actuación de control preventivo al proceso licitatorio para la construcción del nuevo acueducto de Santa Marta, tanto al contrato que se suscriba, así como a la ejecución del proyecto, por considerar que existen riesgos.
Diego Castro, Contralor delegado para el sector vivienda y saneamiento básico, anunció esta medida. “El objetivo es monitorear los riesgos hasta ahora observados por este ente de control y aquellos que se puedan apreciar durante el desarrollo del proyecto”, explicó el contralor Castro, y recordó que se hará así uso de las facultades que para este efecto tiene la CGR en aplicación del artículo 267 de la Constitución Política y el Decreto Ley 403 de 2020.
Recordemos que este contrato se encuentra avaluado en 1.6 billones de pesos y desde su presentación y apertura de la licitación, ha tenido varias alertas por riesgo tanto de la Contraloría como la Procuraduría y la Veeduría Ciudadana.
Riesgos detectados por la Contraloría
En marco del seguimiento que ha venido realizando la Contraloría General de la República a esta licitación, se han señalado varios riesgos, empezando por la forma de pago planteada para la ejecución de las obras y la carencia de un estudio de financiamiento, que analice diferentes alternativas de crédito. Se tiene previsto que se hagan pagos anuales durante 30 años, que implican una financiación del 100% a través del contratista.
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La Contraloría ha advertido que los requerimientos financieros de la licitación no presentan concordancia con la forma de pago y suponen exigencias superiores de capacidad financiera a las de un proyecto de obra pública tradicional, lo cual podría causar parálisis o abandono de los trabajos por parte del contratista, por falta de liquidez para atender el flujo de caja de inversión en la etapa de construcción.
También ha señalado que, con las condiciones actuales de licitación, se podría estar incurriendo en una financiación onerosa a través del contratista comparativamente con otras alternativas de crédito, que no han sido estudiadas. Este sobrecosto financiero podría ser de dimensiones importantes.
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La CGR considera igualmente que, de suscribirse el contrato en las condiciones planteadas actualmente, se podría estar incurriendo en una presunta inobservancia a las disposiciones legales vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano en lo atinente a vigencias futuras excepcionales.
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