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Consejo de Estado admite demanda contra decreto que habilitó cobro de pérdidas por robo de energía

La demanda contra las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas fue interpuesta por la Unión Nacional de Comerciantes.

Factura del servicio de energía eléctrica en el Caribe.jpg
Factura del servicio de energía eléctrica en el Caribe //
Foto: cortesía

Que se declare la nulidad del Decreto Presidencial 1645 de septiembre 10 del 2019, y de esta forma dejar sin piso las resoluciones de la CREG que autorizan el cobro a los usuarios de las pérdidas por robo de energía, es lo que busca la Unión Nacional de Comerciantes a través de una demanda que recientemente fue admitida por el Consejo de Estado.

El gremio insiste en que son “inconstitucionales, arbitrarias e injustas” las dos resoluciones que la Comisión de Regulación de Energía y Gas expidió a partir del mencionado decreto y que por eso este debe ser anulado para que los usuarios dejen de asumir las pérdidas que otros ocasionan.

"Nosotros, desde un principio, nos hemos opuesto a estos cobros porque consideramos que este es un mal mensaje que la estamos mandando a la sociedad: le estamos diciendo que el cliente honesto y honrado es el que tiene que asumir todo lo que hacen las personas indelicadas que roban energía", expresó Orlando Jiménez, presidente de Undeco.

Los comerciantes afirman que llegarán hasta las últimas instancias, ya que cobrarles a los usuarios la energía que otros se han robado solo permite que las tarifas lleguen cada mes con valores “descomunales, excesivos e insoportables”.

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Con la anterior ya son al menos cinco demandas las que se han interpuesto contra el régimen tarifario en el Caribe, como por ejemplo, la de los alcaldes de la región y la del abogado Antonio Bohórquez, ambas interpuestas ante el Consejo de Estado.

A estas se suman la demanda del consultorio jurídico de la Universidad del Norte en el Tribunal Administrativo del Atlántico, así como la demanda del abogado Carlos Pérez, asesor Jurídico del sindicato eléctrico Sintraelecol, ante la Corte Constitucional.

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