Desde Santa Marta en el denominado Diálogo Regional del Caribe, la bancada de congresistas del Pacto Histórico le pidió al Gobierno Nacional que suspenda la agenda de adjudicación y contratación de la APP del Canal del Dique, programada para el próximo 4 de agosto.
En el documento, al que tuvo acceso Blu Radio, más de 45 senadores y representantes a la Cámara firmaron una solicitud dirigida al presidente Iván Duque, en la que, además, le piden a los órganos de control adoptar medidas para evitar un eventual detrimento patrimonial con la adjudicación de la megaobra.
“Solicitamos al presidente de la República, Iván Duque Márquez, y al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI): suspender la agenda de proceso de adjudicación y contratación (…) a los órganos de control adoptar medidas que correspondan para evitar un detrimento patrimonial, por las futuras demandas por los daños que pueda originar este proyecto”, señalan.
De acuerdo a la bancada del Pacto Histórico, la Agencia Nacional de Infraestructura incumplió las consultas previas, excluyó a la mayoría de las comunidades rivereñas y del Golfo de Morrosquillo y no ha definido protocolos para la inhumación de cadáveres, que podrían encontrarse en el Canal del Dique por cuenta del conflicto armado.
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“Incumplió con la obligación de presentar, socializar y garantizar la participación ambiental de las comunidades y autoridades territoriales (…) Incumplió con la obligación de adelantar el trámite de licenciamiento ambiental (…) No han definido las medidas para mitigar los graves impactos que causará el aumento de sedimentos en los parques Nacionales Corales del Rosario y San Bernardo, Corales de Profundidad, Santuario Fauna y Flora Corchal Mono Hernández, en pastos marinos y ecosistemas estratégicos”, describe el documento.
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La discusión sobre la adjudicación del megaproyecto llegaría al Congreso el próximo martes, 2 de agosto.
La APP del Canal del Dique podría ser adjudicada tres días antes de la posesión del presidente Gustavo Petro, a la empresa española Sacyr, único proponente que cumplió los requisitos para participar en la licitación.
La megaobra, que ha sido descrita por el Gobierno como una de los proyectos más importantes de las últimas décadas para mitigar el cambio climático en Latinoamérica, contempla inversiones por 3.2 billones de pesos. De acuerdo a la ANI se hicieron en total 16 procesos de consulta previa.
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