Finalmente “escuchadas” se sienten las víctimas del exparamilitar Hernán Giraldo Serna, a quien el Tribunal Superior de Barranquilla excluyó del proceso de Justicia y Paz por incumplir las garantías de no repetición e incurrir en el delito de abuso sexual a menores de edad después de su desmovilización del Bloque Resistencia Tayrona de las AUC.
Según la Fiscalía, alias ‘El Taladro’ cometió delitos de violencia basada en género contra cuatro menores de edad y tres de ellas habrían sido revictimizadas por el postulado. De hecho, el ente acusador precisó que entre 2007 y 2008 varias menores de edad habrían sido llevadas a las cárceles de Barranquilla y Antioquia donde estuvo recluido Giraldo Serna, y allí fueron víctimas de abuso.
Víctimas del conflicto armado en el Magdalena como Patricia Obregón celebran la exclusión de Giraldo Serna porque representa un avance en la justicia, sin embargo, piden que el Estado siga trabajando en el proceso de reparación de las víctimas y su descendencia.
"Se necesita una reparación para que estas niñas y estas mujeres, que incluso tienen descendencia de estos abusos sexuales, puedan sanar sus corazones y puedan hablar realmente de un tránsito por la paz", expresó Obregón, miembro del comité de derechos humanos de la Universidad del Magdalena.
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"La paz no se construye solamente conversando con los actores armados. La paz se construye también desde la reconstrucción de la vida de aquellos que han sido víctimas de estos delitos de lesa humanidad", agregó.
Giraldo Serna fue condenado el 18 de diciembre de 2018 por la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, que lo encontró responsable de delitos de acceso carnal violento, actos sexuales violentos, acceso carnal abusivo, prostitución forzada o esclavitud sexual, desaparición forzada, homicidio, tortura, secuestro, desplazamiento forzado, trata de personas, reclutamiento ilícito, entre otros.
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En la actualidad, el exparamilitar se encuentra recluido en la penitenciaría La Paz de Itagüí, Antioquia, y su defensa apeló la decisión del tribunal de excluirlo del proceso de Justicia y Paz, por lo que el caso será resuelto en segunda instancia por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
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