La Policía de Bogotá capturó a 19 presuntos miembros de la banda multicrimen Tren de Aragua por diversos crímenes como homicidios selectivos, venta de drogas, extorsión a comerciantes y venta de licor adulterado, entre otros crímenes.
Uno de los detenidos es un teniente de la Policía adscrito a la estación de Kennedy, que según las investigaciones, alertaba a los delincuentes acerca de investigaciones. El oficial recibía hasta 2 millones de pesos semanales por sus labores de espionaje.
“Identificar dentro de una estructura criminal a un miembro de la fuerza pública es algo que genera pesar, porque el compromiso fundamental de los policías es brindar seguridad y no ser generadores de inseguridad, pero es también una satisfacción porque es una demostración en la práctica de que no tenemos tolerancia con la corrupción”, sostuvo el ministro de Defensa, Iván Velásquez.
“En un mensaje a los policías para decirles que estamos con ustedes ante la lucha contra el crimen, en la lucha para brindar tranquilidad y la convivencia. Esperamos que todos ustedes actúen en cumplimiento de sus deberes”, agregó el funcionario.
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El director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, aseguró que con las 19 detenciones reveladas este domingo, ya suman 48 las capturas de presuntos delincuentes de esa red criminal. El oficial destacó que 46 de las capturas se han dado durante el Gobierno de Gustavo Petro.
Entre otros detalles, el general Sanabria indicó que la mayoría de los detenidos tienen nacionalidad venezolana y que hay una mujer dentro de los detenidos. De los recientes 19 capturados, 14 son del vecino y país y cinco tienen nacionalidad colombiana.
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La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirmó por su parte que la operación contra el Tren de Aragua demostró que tienen relación directa con cabecillas en la cárcel Tocoron de en Venezuela. Además, la mandataria se quejó porque no ha habido colaboración a su propuesta de aislar a los jefes de esa agrupación delincuencial en ese penal ubicado en el vecino país, pese a que la solicitud se hizo hace más de un mes a través del canciller Álvaro Leyva.
Según el fiscal general, Francisco Barbosa, las rentas criminales de este negocio en los barrios, principalmente, del sur de la ciudad, eran de $4.200 millones de pesos al año.
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