Asoproval (Asociación colombiana de empresa proveedoras de Alimentos) es uno de los sancionados por la Superindustria por haber participado en el cartel del PAE en Bogotá ; sin embargo, el gremio no solamente niega las acusaciones, sino que asegura que ha sido víctima de un juicio injusto y unas sanciones desproporcionadas.
Por eso llevarán el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le han pedido unas medidas de protección.
La Superindustria sancionó a un total de 16 personas naturales y jurídicas con multas de más de 28.000 millones por haberse cartelizado entre 2007 y 2017 en las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar tras una investigación que duró más de 5 años.
“Las sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio son desproporcionadas y confiscatorias y parecieran tener como único objetivo el cierre de las empresas, privando al Programa de Alimentación Escolar de Bogotá de sus mejores contratistas y destruyendo los empleos que generan”, señala Asoproval en un pronunciamiento enviado a Blu Radio.
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En otra parte de la comunicación aseguran que las empresas sancionadas proveen, hoy en día, unos 700.000 refrigerios diarios en Bogotá .
El argumento central de Asoproval es que las compañías ejercieron su derecho a asociarse en un gremio para defender sus intereses, pero eso no implica que lo hayan usado para armar un cartel y dicen que los están sancionando por el solo hecho de haber creado un gremio.
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Según Asoproval, la SIC perdió la competencia para sancionar “en tanto que la facultad sancionatoria de la entidad es de tres años y el último contrato se firmó en el 2017”.
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