La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, cuestionó las declaraciones que desde China dio el presidente Gustavo Petro sobre el proyecto de metro para la capital del país.
Según la mandataria, el futuro de esta obra se decide en la ciudad y no por fuera, por eso incluso la jornada electoral de este fin de semana será un espacio para ello.
“Es una falta de respeto que le estén preguntando a un Gobierno extranjero qué quiere hacer con la vida de Kennedy y con la vida de Bogotá”, dijo.
Y es que más temprano, tras sus reuniones con representantes de la empresa china Harbour Engineering Company Limited, encargada de la primera línea del metro, el presidente Gustavo Petro, el presidente insistió en hacer el tramo subterráneo en la zona oriental, reveló parte de lo que serían los acuerdos con esa firma internacional. Entre ellos, que opere el metro hasta Suba.
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“Si la administración distrital de Bogotá quiere, el Gobierno nacional financiará el 100 % de la primera línea. La firma contratista está dispuesta a allanarse a modificar de común acuerdo el contrato sin modificar su objeto, para que se pueda licitar una fase de metro subterráneo de Bogotá en el área central de la ciudad, desde la carrera 50 con avenida 1 de mayo hasta la calle 72. La licitación puede incluir el tramo por la calle 72 con carrera 11 hasta Engativá y Suba”, señaló el mandatario.
Ante esto Claudia López cuestionó que el presidente usara su viaje para intentar cambiar las dinámicas de la obra.
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“Tanta vuelta y tanto viaje para reunirse con la misma empresa porque no lo recibió el Gobierno de China para hablar del metro de Bogotá. El presidente de China respeta a Colombia y respeta a Bogotá y respeta a los contratos y no aceptó hablar con un jefe de estado de un contrato en un municipio de América Latina. Para eso no son las visitas de estado. (...) presidente no insista, el metro no tiene reversa y a Bogotá se le respeta”, reiteró la alcaldesa.
Finalmente, López le pidió al presidente que, si está convencido en la viabilidad jurídica de adelantar los cambios, que radique la consulta ante el Consejo de Estado y que este de claridad, pues de lo contrario, se enfrentan a un posible sobrecosto de $12 billones.
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