La Secretaría de Gobierno de Bogotá hizo graves denuncias sobre los voceros políticos que, supuestamente, representan a lacomunidad Embera que está ocupando el Parque Nacional.
Advirtió el subsecretario de Gobierno, Daniel Camacho, que los niños embera están siendo instrumentalizados para propósitos políticos y económicos, todo con el fin de conseguir contratos con el Distrito.
Según la denuncia, 12 representantes están condicionando el avance de los diálogos para el traslado de los embera a otros lugares. Por un lado, a cambio de contratos para ellos mismos por un valor de $114.000.000 y por otro, con la financiación de ollas comunitarias por $104.000.000, para un total de $218.000.000.
"Lamentablemente, vimos los intereses reales de los voceros políticos, donde a través de correos electrónicos recibimos solicitudes de contratos con el Distrito. Donde nos solicitan contratos de cuatro ollas comunitarias para beneficiar a más de 1.300 personas. Hemos demostrado las preferencias políticas que tienen estos voceros, hacen presencia los partidos políticos que hoy son oposición en el Distrito capital, son los partidos que de una u otra manera han privilegiado a estos voceros de la comunidad embera", aseguró el subsecretario.
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Asimismo, denunció ante la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), la presunta vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes que están en el Parque Nacional. Solicitó que se proceda con la debida inmediatez a verificar y a restablecer los derechos de los menores.
"Exigen que se contraten a 12 personas para seguir en el proceso, pero ninguno de esos voceros políticos hacen parte de la comunidad embera. Se trata, por ejemplo, de los abogados especializados Julián Salazar, Omar Díaz y Álvaro Mendoza, quienes piden contratos de $11.000.000. Además, de la psicóloga Olga Orobajo, la politóloga Beatriz Valencia y el antropólogo Alirio Lozano”.
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“El listado que incluye a la señora María Violet Medina Quisque, quien actualmente ejecuta dos contratos en diferentes entidades y exige otro más", añadió Camacho.
Desde el 29 de septiembre, día en que inició la ocupación, 29 niños y niñas han sido trasladados a centros hospitalarios, cuatro niños y dos adultos continúan hospitalizados, 26 mujeres embarazadas se encuentran en riesgo y se han atendido tres partos en condiciones precarias.
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