La Comisión Accidental del Concejo de Bogotá para el seguimiento de los casos del 9 y 10 de septiembre de 2020, que dejaron 10 personas muertas y 75 heridas a manos de la Policía, entregó un balance de las acciones e investigaciones emprendidas hace más de un año después de las protestas.
Después de 14 meses de lo ocurrido el 9 y 10 de septiembre en Bogotá, ningún Policía ha sido retirado de la institución ni siquiera los imputados. Todo lo contario, terminaron recibiendo felicitaciones por parte de la institución
El informe asegura que no se ha emitido ninguna condena contra los responsables por parte de la justicia, en los que se presume que uniformados de la Policía dispararon contra la población civil.
Según el documento, a la fecha, la Fiscalía tiene registro de solo 8 noticias criminales que cursan por el delito de homicidio, de las cuales, 7 se encuentran en juicio, lo cual contrasta con lo que ha trascendido en la opinión pública de juicio solo contra tres patrulleros.
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"Lo que ha hecho el ente de investigación es relacionar los procesos que se adelantan también por el asesinato de Javier Ordóñez, es decir que, presenta resultados de forma tendenciosa pues no responde con exactitud sobre los procesos por la muerte de los 10 ciudadanos en Bogotá durante las protestas”, asegura la investigación adelantada por la Comisión Accidental.
Asimismo, sobre los 75 casos de personas heridas, la Fiscalía reconoce que por el delito de lesiones personales y en los que se habrían usado armas de fuego en esas fechas, solo 2 casos se encuentran en etapa de indagación.
No se conoce ningún resultado en el esclarecimiento de la responsabilidad de mando, en lo referente a los 18 oficiales y suboficiales que el concejal Rodríguez Sastoque denunció penalmente ante la propia Fiscalía, entre ellos, dos coroneles que se hicieron presente en los CAI de Verbenal y La Gaitana en esas noches y que cuya responsabilidad por acción u omisión debe esclarecerse
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Según las indagaciones del Concejo de Bogotá, la Policía Metropolitana, en respuesta a un derecho de petición, no ha tomado acciones dirigidas a impedir la revictimización por parte de uniformados contra familiares de las víctimas del 9 y 10 de septiembre, si bien se han tomado algunas medidas por disposición judicial o por derechos de petición de las víctimas, se evidencia que no hay un direccionamiento desde la cadena de mando para proteger a las víctimas frente a hostigamientos y amenazas.
“Sobre la función actual de los policías investigados por estos hechos, no se ha concretado ninguna actuación dirigida al retiro discrecional de estos uniformados ni siquiera de los tres patrulleros imputados. La propia Policía Metropolitana señala que siguen activos en la institución desempeñando funciones propias de integrante de patrulla en CAI” , finaliza el documento.
La comisión concluyó que, después de un año y casi dos meses de los hechos, el Estado colombiano no ha garantizado los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición de los hechos del 9, 10 y 11 de septiembre de 2020.
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