Esta decisión se tomó en segunda instancia luego de que el proceso fuera sometido a una serie de maniobras dilatorias por parte de la exfuncionaria que trabajó para la administración de Enrique Peñalosa.
El despacho Julián Enrique Pinilla Malagón tumbó las duras sanciones que pesaban sobre Johanna Paola Bocanegra quien había sido sancionada por presuntas irregularidades en materia de contratación pública.
La exalcaldesa de Fontibón estuvo enredaba por un convenio interadministrativo con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) entidad con la que firmó directamente un contrato por $9.594 millones en diciembre de 2016.
De acuerdo con el Sindicato de Empleados de la Personería de Bogotá (Sindeperbo), el personero Pinilla Malagón revocó las sanciones que fueron proferidas en primera instancia contra Bocanegra “sin difundir el fallo a los medios de comunicación”.
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En la resolución 691 del 23 de diciembre de 2021, el personero consideró que no hubo irregularidades en la suscripción del contrato y tampoco se presentó un detrimento patrimonial que afectara los recursos públicos de la localidad de Fontibón con el pago de una cuota de gerencia en favor de Fonade.
El asunto es que este proceso, según el sindicato, permaneció quieto durante meses dilatando el fallo de segunda instancia pues “tuvo 5 abogados, presentó 4 nulidades, una recusación, una acción de tutela y diversas solicitudes a la Procuraduría que retrasaron un buen tiempo el avance del proceso, incluso una vez fallado en primera instancia”, señala el sindicato que pone este caso como ejemplo de cómo Pinilla revocó otros 15 procesos contra exfuncionarios distritales en los últimos dos años.
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De hecho, Sindeperbo advierte que en los dos primeros años de gestión de Julián Pinilla, la Personería de Bogotá, en primera instancia, sólo aplicó 35 sanciones a servidores del Distrito; y en segunda instancia, el funcionario firmó 34 decisiones, “en 8 de ellas confirmando absoluciones, 16 revocando sanciones de primera instancia y sólo 10 sanciones a exfuncionarios”.
En contraste, asegura el sindicato, entre 2018 y 2019, la Personería en primera instancia falló 96 procesos con sanción disciplinaria, es decir, tres veces más que la actual administración, en un periodo similar de dos años.
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