"Nos iban siguiendo": director de la Unidad Nacional de Protección tras atentado en Bogotá

El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, en la noche del martes 7 de febrero, fue víctima de un intento de homicidio en inmediaciones de su casa en Bogotá, justo cuando se encontraba en compañía de su hija.

Según informó el Ojo de la Noche, señaló que su esquema de seguridad se percató de personas que los venían siguiendo desde días atrás en un carro rojo.

Además, se confirmó que fueron dos motos las que materializaron el ataque en la noche de este martes.

En medio de la situación, en la que el director de la UNP logró salir ileso por la reacción de su equipo de seguridad, uno de los delincuentes fue dado de baja. A este sicario que resultó abatido, se le tomó el respectivo registro de huellas para su identificación y las autoridades confirmaron que tenía varios antecedentes

Otro de los delincuentes fue gravemente herido, por lo que se intenta indagar si ingresó a uno de los centros médicos de la ciudad.

"Dos motocicletas con cuatro personas, se enfrentan con el esquema de seguridad, producto de este intercambio de disparos, hay una persona muerta", expresó el general Carlos Triana, comandante de la Policía de Bogotá.

El director de la UNP, expresó que se pudo haber sido resultado de las mafias que ha denunciado al interior de la Unidad: "Yo estoy afectado en una circunstancia en la Unidad de Protección, yo he denunciado mafias y no descarto que sea por ahí", señaló Rodríguez.

El presidente Gustavo Petro, en un trino, pidió a la Fiscalía investigar los móviles del atentado, atribuyendo también el ataque a “las mafias de la contratación en la UNP”.

“Han atentado contra Augusto Rodríguez, director de la UNP y mi compañero desde el M19. Augusto denunció las mafias de la contratación en la UNP. Hoy quisieron matarlo. Le pido al fiscal acelerar las investigaciones sobre estas denuncias, las pruebas están en sus manos”, expresó el presidente Petro en su trino.

Petro mencionó que esas denuncias están relacionadas con la existencia de una supuesta red criminal que se quedó con cerca de 50.000 millones de pesos en contratos arreglados para la venta y alquiler de los carros blindados para la Unidad.

En esa red estarían involucrados generales y miembros de la Policía, además de funcionarios públicos y dueños de concesionarios de vehículos y empresas de blindaje.