La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le contestó en Twitter a la jueza 69 de Control de Garantías de Bogotá, quien en conversación con Blu Radio aseguró que tomó la decisión de dejar en libertad a 13 personas capturadas en flagrancia cuando atracaban en TransMilenio con base en consideraciones técnicas y económicas. Según la funcionaria judicial, no se justificaba mantener recluidos a los detenidos por un año, puesto que costo de manutención superaba los 280 millones de pesos.
"¿Entonces lo que le sale barato al Estado es dejar que atraquen impunemente a ciudadanos humildes y honrados? ¿ Cuándo uno de esos delincuentes que soltaron vuelva a usar su arma en un atraco y termine matando a alguien, qué dirán? Que sale mas barato una vida menos?", reprochó la mandataria bogotana.
La alcaldesa López cuestionó que pese a haber videos y evidencia contundente para enviar a los detenidos a la cárcel, tal y como pidió la Fiscalía,la juez los dejó ir para sus casas por considerar que la cárcel era una medida desproporcionada.
La justificación de la jueza
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El director de Mañanas Blu, Néstor Morales, contactó a la jueza que dejó en libertad a 13 personas sorprendidas cuando atracaban a pasajeros en TransMilenio. Se trata de la juez 69 de Control de Garantías de Bogotá, quien sostuvo que pese a que las capturas se dieron en flagrancia, de los ocupantes del bus solo hubo un testimonio.
De acuerdo con la funcionaria, pese a que el testimonio podría ser suficiente, la declaración va en contravía con lo afirmado por la Policía en cuanto al arma empleada, por un lado se habló de una pistola, otra un arma de fogueo y una tercera aseguró que hubo un arma blanca.
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Según el concepto de la jueza 69 de garantías, además de no aparecer el arma, la Fiscalía solo presentó acusación por dos delitos y uno de ellos no da medida privativa de la libertad. El otro es hurto, el cual no había sido probado, por lo que hay ausencia de causales.
Preguntada la funcionaria sobre la cifra que dio al dictar su decisión, de que "sería peor el remedio que la enfermedad" el enviar a la cárcel a los detenidos, pues llevarlos a la cárcel costaría unos 280 millones de pesos, la jueza aseguró que existe un estudio del Observatorio de Derechos Humanos de la Defensoría que dice que cada preso en el país le cuesta al Estado 1.800.000 pesos mensuales. La jueza calculó que se habría podido enviar a la cárcel, de forma preventiva, a los supuestos delincuentes, durante un año. Mensualmente, los 13 costarían mensualmente 23 millones de pesos, aproximadamente.
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