Entre 2007 y 2017 un grupo de empresas se cartelizó para quedarse con las licitaciones de la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá para la compra de refrigerios escolares para los 700.000 estudiantes de colegios públicos en la ciudad, según la investigación que acaba de concluir la Superintendencia de Industria y Comercio.
Las 10 empresas y las seis personas naturales involucradas tendrán que pagar multas por 28.000 millones de pesos y no podrán volver a contratar con el estado.
Según la investigación, las empresas acudieron a toda clase de estrategias para lograr su objetivo, entre ellas crear una asociación que se encargaba de presentar tutelas y otros recursos jurídicos para torpedear los cambios que la Secretaria de Educación quisiera hacer en los métodos de contratación. Al interior de esa asociación se ponían de acuerdo en cuánto cobrar o en si se presentaban o no a las licitaciones.
"Cuando querían influir en el precio, crearon una asociación por medio de la cual presentaban tutelas, quejas y denuncias con el fin de torpedear los procesos o dañar el proceso a la Secretaría de Educación Distrital, entonces se cartelizan para lograr el mayor precio posible, de esa manera que no hubiera ningún ahorro y por supuesto, que no hubiera real competencia, sino una apariencia de competencia en los procesos", señaló el superintendente de Industria y Comercia, Andrés Barreto, en Mañanas BLU.
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La Superintendencia no encontró evidencias de que los funcionarios públicos fueran cómplices de estos hechos. Sin embargo, el expediente irá tanto a la Procuraduría como a la Fiscalía para su revisión. Los hechos ocurrieron en las administraciones de Gustavo Petro, Samuel Moreno y Enrique Peñalosa.
La investigación arranca en 2015 con una denuncia anónima y en 2017 con una denuncia formal de Colombia Compra Eficiente.
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