Este lunes se dictó medida de aseguramiento intramural en contra de los 10 trabajadores y exfuncionarios de la Fundación Peces Vivos de Ibagué, capturados por presunta tortura y maltrato a menores de edad en condición de discapacidad.
Tras la decisión de la juez séptima penal municipal con función de control de garantías, los siete abogados defensores de los acusados informaron que apelarán el fallo, en busca de arresto domiciliario.
El pasado 21 de octubre la Fiscalía había pedido cárcel para los implicados en el caso, entre los que se encuentran la directora, coordinadora y psicóloga de la fundación, a quien autoridades imputaron los cargos de tortura agravada, concierto para delinquir y destrucción de material probatorio.
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A los 10 restantes se les imputó el delito de tortura agravada, teniendo en cuenta el material probatorio del ente acusador, como videos y testimonios.
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Por su parte, el abogado de tres de los capturados, Enrique Arango, defendió en su momento que amarrar a un menor con demencia o esquizofrenia no podía ser catalogado como tortura.
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