En una reunión entre la Alcaldía de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación, el Acueducto de Bogotá y los encargados de la ampliación de la planta de tratamiento para el Río de Bogotá, se acordó que por medio de una figura llamada: “amigable componedor”, será la Cámara de Comercio de Bogotá la encargada de brindarle solución a la problemática presentada con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre.
Este lío tiene que ver con que la obra tenía que ser entregada en 2021, pero el Consorcio Ceps decidió entregarle las obras a “la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para que comenzara a operarla; sin embargo, el Acueducto se negó por el mal estado de los equipos”
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Entonces el Tribunal de Cundinamarca le ordenó a la CAR Cundinamarca hacer el pago al contratista Consorcio Expansión, (Ceps), el valor de la obra, a pesar de que no está terminada y presenta deficiencias. Ante esta situación la Procuraduría se pronunció y señaló que no era competencia del Tribunal tomar esta decisión “alejada del ordenamiento jurídico”.
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Por lo que planeó una mesa de concertación para resolver este lío jurídico y se llegó al acuerdo que será la Cámara de Comercio la encargada de hacer el análisis jurídico del contrato en un término de seis meses.
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