El Concejo de Bogotá tiene un plazo de 90 días para aprobar o denegar el Plan de Ordenamiento Territorial que presentó la administración de la alcaldesa Claudia López y que, en caso de ser el aceptado para su implementación, sería la hoja de ruta para la ciudad hasta el año 2035.
En Mañanas BLU 10:30 conversamos con los concejales del Movimiento Dignidad y el Centro Democrático, Manuel Sarmiento y Andrés Forero, respectivamente. Con ambos se discutieron los pros y contras que tiene este nuevo Plan.
El concejal Sarmiento es promotor de este proyecto, en el cual defiende la protección a la reserva Reserva Van der Hammen y la contención de la expansión urbanística hacia la Sabana de Bogotá, lo que sí estaba previsto en el POT propuesto por el exalcalde Enrique Peñalosa.
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Para el concejal Sarmiento, este proyecto tiene como objetivo una ocupación racional urbanística, en la que se divide a la ciudad en tres categorías.
La primera es una zona de servicios metropolitanos, la segunda corresponde las zonas intermedias de áreas estructurantes y la tercera, sería principalmente estipulada para sectores residenciales.
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Por su parte, el concejal Forero, difiere en muchos puntos, y aunque resalta que las propuestas presentadas por la alcaldesa Claudia López pudieron haber sido bien intencionadas, no se adaptan a la realidad de Bogotá.
Como en el caso de la estipulación de las medidas mínimas que podrían tener las viviendas tipo VIS y no VIS en Bogotá, para él solo debería haber una intervención en las de interés social.
En el caso de las viviendas de interés social, es una medida que también debería ser dialogada con los municipios circundantes a la capital, para que no se genere un desplazamiento de quienes no pueden adquirir una vivienda a estas zonas, incrementando la población en las periferias.
Y en el caso de las no VIS, asegura que muchos hogares unipersonales y de parejas buscan este tipo de viviendas “pequeñas” que se acomodan a sus necesidades.
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En concejal Sarmiento, por su parte, aseguró que las reacciones en contra han sido principalmente de las constructoras y Camacol, ya que se les exige que construya este tipo de viviendas en zonas céntricas de Bogotá, lo que bajaría la renta y las ganancias para dichas organizaciones.
Escuche el debate de Mañanas BLU 10:30:
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