Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Víctimas de Ituango celebran condena al Ejército; deberán pagar 3.000 millones a desplazados

Víctimas del desplazamiento forzado ocurrido en 1996 en zona rural de Ituango recibirán, por orden del Consejo de Estado, 50 millones de pesos.

266224_Foto: Referencia AFP
Justicia, referencia.
Foto: AFP.

Aunque los recuerdos son dolorosos, Marta Monsalve, víctima del desplazamiento masivo que se presentó en 1996 en zona rural de Ituango, celebró la decisión del Consejo de Estado que condenó a la Nación, al Ejército Nacional y al Ministerio de Defensa a pagar la suma de 3.000 millones de pesos por el desplazamiento de decenas de campesinos.

"Nosotros fuimos víctimas de un conflicto y a nosotros no nos han dado nada, pues es lo más justo que se reportaran con alguna cosa", añadió la víctima.

La sentencia, emitida este miércoles por el Consejo de Estado, declaró como responsable al Ejército de Colombia por el desplazamiento de los habitantes de La Granja ya que no le ordenó a sus oficiales realizar operativos para evitar la incursión armada.

Por esa razón, la sentencia declaró a La Nación, al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional como “patrimonialmente responsables de los perjuicios causados, por el desplazamiento forzado de los habitantes" de ese corregimiento de Ituango, por lo que se verán obligados a pagar la suma de 50 millones de pesos a cada una de las 60 víctimas que dejó el desplazamiento masivo.

Publicidad

Lea también:

La masacre La Granja en 1996

El 11 de junio de 1996, por órdenes de los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso, llegaron hasta el corregimiento La Granja un grupo de paramilitares. Tenían la orden de asesinar a supuestos colaboradores de las Farc.

Publicidad

Ese mismo día torturaron y asesinaron a cuatro campesinos, acto criminal que provocó el desplazamiento del resto de familias del corregimiento, quienes, para salvar sus vidas, abandonaron sus casas y huyeron del lugar.

Pese a las advertencias de la Defensoría del Pueblo de la época frente a la inminente llegada de los paramilitares, ninguna entidad, ni siquiera las fuerzas armadas, hicieron algo por evitarlo, lo que valió esta nueva condena contra esas instituciones del Estado.

  • Publicidad

Publicidad