Antes del próximo 6 de octubre la Unidad Nacional de Protección (UNP) deberá llevar a cabo todas las acciones que permitan definir el nivel de riesgo y adoptar medidas de seguridad para garantizar la integridad y la vida de Miguel Ángel Peláez, alcalde del municipio de Yarumal, al norte de Antioquia.
Así lo definió un juez mediante un fallo de tutela interpuesto por el mismo mandatario reclamando sus derechos fundamentales a la vida, integridad personal y debido proceso.
Aparte de diferentes intimidaciones escritas y verbales, a finales de agosto la entrada de la finca del alcalde había sido pintada con mensajes alusivos al frente 36 de las Disidencias de las Farc, con presencia en la zona.
"Ellos reciben los informes de las diferentes dependencias, de Policía, de instancias como la Procuraduría, Personería, la misma Secretaría de Gobierno. En eso consiste el estudio que ellos adelantan", detalló Peláez.
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Pese a que el fallo amparó sus derechos, el alcalde manifestó que 30 días le parece un periodo muy extenso ante la complejidad del contexto donde las intimidaciones no se han detenido.
"A mi lo que particularmente me parece es muy extenso el término de 30 días y esperaría yo que la Unidad no se tome todo ese tiempo. En mi entender es muchísimo tiempo frente a una situación como la que se ha venido presentando", declaró.
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Con respecto al panorama más reciente de seguridad en el territorio, Peláez indicó que hay cierta tranquilidad para el ejercicio de las diferentes campañas políticas, pero que sí ha percibido cierto riesgo importante para su vida en zonas rurales de esta localidad por lo que se ha abstenido de hacer presencia, aunque sigue despachando desde el municipio.
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