La denuncia la hizo el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, quien manifestó que la cifra podría llegar a una tonelada en los más de 50 beneficiaderos mineros que existen en ese municipio, que con sus desechos tóxicos terminan en las fuentes hídricas de la localidad.
El gobernador señaló además, que con la intervención a los 13 socavones mineros que no cumplían con la reglamentación legal para operar la extracción del oro en esa región, afectaron las finanzas del Clan Úsuga, que según el mandatario, recibía al menos 20 mil millones de pesos mensuales por dicha minería.
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Organizaciones mineras de Antioquia, calificaron como un desplazamiento forzado el desalojo de los obreros en 13 minas y manifestaron que existieron violaciones a los Derechos Humanos al dejar más de 2 mil personas cesantes.
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