Desde organizaciones de derechos humanos, como el Proceso Social de Garantías, piden que se fortalezca la seguridad para las comunidades del Urabá antioqueño ante posibles represalias del Clan del Golfo, como un paro armado o más asesinatos, tras la captura en Necoclí de Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel', máximo cabecilla del grupo armado.
"Es probable que luego de esto busquen represalias y presiones al Estado colombiano y para ello recurran al asesinato de líderes, lideresas o desplazamientos de poblaciones", explicó Óscar Yesid Zapata, vocero del Proceso Social de Garantías.
Por su parte, Gerardo Vega, miembro de la junta directiva de la Corporación Forjando Futuros, sostuvo que "Urabá tiene que ser recuperado por el Estado colombiano y por el Gobierno colombiano para el desarrollo, la paz, la tranquilidad, la reconciliación. No es posible que sigan existiendo bandas organizadas vinculadas al narcotráfico, al paramilitarismo, a la concentración de la tierra; eso tiene que pasar a la historia en Urabá".
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Luis Fernando Quijano, director de la corporación Corpades y reconocido analista del conflicto en Medellín, destacó el gran golpe de las autoridades contra 'Otoniel', pero que no se desmantelará el grupo armado porque tomarán su lugar alias 'Chiquito Malo', segundo al mando, o 'Siopas', jefe del Suroeste.
"Definitivamente, la estructura de las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo) se mantiene poderosa en todo el país con todos sus negocios criminales", manifestó.
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El Clan del Golfo, según las organizaciones con Indepaz y datos de inteligencia de la fuerza pública, tiene más de 3.200 integrantes y presencia en 237 municipios de 25 departamentos del país.
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