La Sociedad Hidroituango, dueños del megaproyecto, decidió buscar un arreglo directo con EPM para dirimir los conflictos derivados de la contingencia de 2018, es decir, buscarán acuerdo para evitar pleito con pretensiones de $117.000 millones, que reclama la sociedad por el retraso en la construcción de la hidroeléctrica, tras la contingencia de 2018.
"Ayer recibimos un informe por parte del gerente quien define que es necesario avanzar en esa ruta del arreglo directo con EPM antes de presentar una demanda. Lo que nosotros queremos es establecer una mesa de trabajo con integrantes de EPM y de la sociedad de Hidroituango para buscar un arreglo directo por los incumplimientos que ha tenido el proyecto", dijo en Mañanas BLU Luis Fernando Suárez, gobernador encargado de Antioquia.
Lo que nosotros queremos es establecer una mesa de trabajo con integrantes de EPM y de la sociedad de Hidroituango para buscar un arreglo directo por los incumplimientos que ha tenido el proyecto
Suárez había asegurado a través de su cuenta de Twitter que la decisión fue consultada con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien estaría de acuerdo por lo que se espera que ambos dirigentes se reúnan para avanzar en dicha conciliación.
La junta directiva de la Sociedad Hidroituango fue informada de la decisión de buscar un arreglo directo con @EPMestamosahi para dirimir los conflictos derivados de la contingencia de 2018.
— Luis Fernando Suárez Vélez (@LuisFSuarezV) October 6, 2020
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Ese conflicto hace referencia a la demanda que la administración departamental pasada, de Luis Pérez Gutiérrez, quien en su momento interpuso contra EPM una demanda con pretensiones de pago de $117.000 millones, por presuntamente haber incumplido el hito 7 de construcción de la hidroeléctrica consignado en el contrato BOOMT con el que EPM construye la obra y que consignaba el cierre de compuertas de los túneles de desviación de Hidroituango.
Esa pretensión, que la entonces gobernación de Antioquia hizo a través de la Sociedad Hidroituango fue negada por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, a pesar que los demandantes apelaron, el Consejo de Estado ratificó dicha decisión hace apenas una semana, argumentando que la gobernación no entregó material suficiente para respaldar el presunto incumplimiento del hito y que, además, la demanda se presentó cuando la disputa estaba en proceso, por lo que debió haber ido a un Tribunal de Arbitramento.
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Ese pedido de Tribual de Arbitramento es lo que anuncia el gobernador Suárez por el camino de acuerdo directo entre la Sociedad Hidroituango y EPM.
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