Ad portas de conocerse un fallo fiscal de segunda instancia de la Contraloría por el detrimento en Hidroituango , el sindicato de EPM alerta que el cobro a los 26 implicados pondría en riesgo al megaproyecto, las finanzas de la compañía antioqueña y podría ocasionar una crisis energética en el país.
A través de un manifiesto público, Sinpro pide al ente de control y al contralor Carlos Felipe Córdoba que se tenga en cuenta un enfoque técnico a la hora emitir ese nuevo fallo, pues lo más grave sería que estas decisiones afecten la seguridad en la oferta de energía de Colombia, como un cambio en los contratistas de la obra.
"Un eventual cambio demoraría entre seis y doce meses. Este retraso supondría mayores costos, nuevas multas, relevo de personal técnico y la solicitud de prepago de la deuda que por cerca de $22 billones tiene EPM con el BID y otras entidades, lo que pondría en riesgo la seguridad energética del país y la supervivencia de EPM", indica el manifiesto público.
En una primera decisión, la Contraloría ya declaró culpable fiscal a 26 empresas y particulares, entre ellos los contratistas de la obra, los exgobernadores Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos, entre otros, por el detrimento de $4.3 billones ocurridos por los sobrecostos, los más de tres años de retrasos y la contingencia de abril de 2018.
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Según la presidenta del sindicato de EPM, Olga Arango, el mismo fallo no halló corrupción en Hidroituango, por lo que cobrar esos billonarios recursos no solo pone en riesgo la seguridad energética de un país con más retrasos en la generadora, sino que podría afectar las finanzas de la compañía antioqueña que está a cargo del proyecto y sus más de 60.000 empleados.
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"Tratar de recuperar $4.3 billones que ya está pagando la aseguradora (Mapfre), se está poniendo en riesgo todo el patrimonio de EPM representando en casi $50 billones", explicó la líder sindical.
Cabe recordar, precisamente, que la aseguradora Mapfre ya ha girado 350 millones de dólares a EPM como pago de las pólizas del seguro todo riesgo de Hidroituango.
En el manifiesto, Sinpro pide a la Contraloría y “demás autoridades competentes, a que faciliten y ofrezcan todas las garantías para que se culmine el proyecto Hidroituango con los contratistas actuales, sin obstáculos adicionales”, pero eso sí, sin dejar de lado las investigaciones requeridas.
Escuche la entrevista en Mañanas BLU:
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