En una carta de ocho páginas firmada por el gerente de la Sociedad Hidroituango , Javier Darío Toro, y dirigida al gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, los dueños del megaproyecto lanzaron una alerta temprana por el posible incumplimiento de las obligaciones de Empresas Públicas con el contrato Boomt y la administración de la licencia ambiental.
En la carta la sociedad deja constancia de su preocupación por el posible cambio de contratistas, a nueve meses del posible cambio planteado por EPM.
“EPM ha tomado la decisión, según sus propias declaraciones a medios de comunicación, de cambiar al contratista de obras, sin que le garantice a la Sociedad Hidroituango, mediante un mecanismo oficial que, con este cambio de contratista, se terminarán de manera oportuna las obras del proyecto”.
“El 1 de diciembre de 2018 no se cumplió con el inicio de la generación de energía, generando pérdidas para el proyecto por ingresos no recibidos de aproximadamente $17 millones de dólares anuales y, de no entrar en operación en el año 2022, las pérdidas acumuladas aproximadas por este concepto serían de $85 millones de dólares”, agregó la carta.
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Sobre quién asumiría esas pérdidas, la sociedad dueña de la obra deja claro que si los retrasos son por decisiones de EPM, “no se podrá considerar como un mayor valor del proyecto el pago de las garantías correspondientes”.
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La sociedad insiste en que le ha solicitado información a EPM sin recibir la respuesta esperada.
Riesgos en las obras
En el último apartado de la carta, la Sociedad Hidroituango alerta a EPM por la estabilidad de la obra en el vertedero, el túnel de desviación derecho, el riesgo de destaponamiento del Sistema Auxiliar de Desviación y “otros riesgos provenientes de la suspensión de las obras”.
“Presentamos alerta temprana ante los riesgos de nuevos incumplimientos y amenazas graves para el desarrollo del proyecto que se puedan presentar por un cambio de contratista, en uno de los momentos más críticos del proyecto y, faltando solo 9 meses para la entrada en operación de la primera unidad de generación (27 de julio de 2022), vulnerando con ello los principios de planeación, economía, responsabilidad, configurando, además, un riesgo para el patrimonio público de EPM”, sentencia el documento.
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