Luego de la orden del presidente Gustavo Petro de prohibir proyectos mineros en el suroeste de Antioquia, la Procuraduría solicitó al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) que aporte las pruebas técnicas y normativas para esa determinación en un territorio donde empresas adelantan exploraciones desde años atrás.
El Ministerio Público hizo este requerimiento al director del Dapre, Mauricio Lizcano, para que remita los fundamentos técnicos, normativos y de política pública que sirvieron de base para la suspensión de proyectos de minería en Támesis y Jericó, donde se explora cobre.
La prohibición fue ordenada por el mismo presidente Gustavo Petro desde Jericó que la minería que se adelantaba, a la fecha a cargo del proyecto Quebradona de la multinacional Anglo Gold Ashanti, afectaba el agua y que mejor escogen proteger los acuíferos.
"Indudablemente hay un peligro entre la minería que se propone y el agua. Entonces, nosotros escogemos el agua", señaló el jefe de Estado el pasado 14 de enero.
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La decisión fue transmitida al Ministerio de Minas para que no se continúen estos proyectos, por lo que la Procuraduría pidió que se referencie el acta de relatoría de la sesión de las declaraciones públicas, las cuales fueron emitidas en las jornadas denominadas “diálogos vinculantes para el suroeste antioqueño”, así como las órdenes administrativas por el Gobierno nacional y las autoridades ambientales, para la implementación de la instrucción impartida.
El ente de control también solicita información si hubo proceso de participación ciudadana para tal decisión. Lo que pretende la Procuraduría es evaluar los fundamentos e implicaciones de la prohibición de proyectos mineros en los municipios antioqueños.
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