Los hechos se remontan hasta el pasado mes de abril cuando, José Alfonso Betancourt y Euclides Mena, presuntamente habrían llegado hasta un parqueadero oficial para sacar de allí una camioneta que presentaba fallas mecánicas y luego venderla a una tercera persona en el municipio de Chigorodó, por una suma de 6 millones de pesos.
A principios del mes de agosto la Policía los capturó y se les imputó el delito de hurto agravado, con circunstancias de mayor punibilidad.
Pero ahora la Procuraduría General de la Nación decidió investigar los hechos para determinar si efectivamente los funcionarios estuvieron involucrados en el robo y determinar si, además de la judicialización, también tendrán alguna sanción disciplinaria, para lo que la Procuraduría Provincial de Instrucción de Apartadó decretó la práctica de pruebas.
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