La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al alcalde condenado e inhabilitado del municipio de Bello, Óscar Andrés Pérez, por presuntos sobrecostos en un contrato de $1.989 millones para la atención de la pandemia del COVID-19.
Una nueva investigación deberá enfrentar el alcalde inhabilitado de Bello, Óscar Andrés Pérez, a quien la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín condenó a 10 años en prisión por irregularidades en un contrato para las elecciones del Consejo Municipal de Juventud en 2010.
En las últimas horas, la Procuraduría confirmó que también lo está investigando por presuntamente haber extralimitado sus funciones al suscribir un contrato de 1.989 millones de pesos para el abastecimiento de alcohol, bolsas de residuos, camillas detergentes, gel, jabón y algunos otros artículos necesarios durante la pandemia del COVID-19.
El ente investigador indica que Pérez, al parecer, participó en la actividad precontractual del negocio y presuntamente determinó los precios unitarios por encima del estimado en el mercado, según se estableció en informes técnicos, lo que podría presentar un posible detrimento patrimonial por aproximadamente 235 millones de pesos.
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Por esta presunta falta, el Ministerio Público también formuló cargos a Wber Zapata Lopera, exsecretario de Gestión del Riesgo del municipio y actual candidato al Concejo Municipal de Medellín.
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