Ante graves consecuencias para Hidroituango y la seguridad energética del país, la Asociación de Pensionados de EPM pide a la Contraloría que suspenda los términos y actuaciones en el fallo contra los implicados por detrimento patrimonial hasta que entre en operación el proyecto.
Los extrabajadores y jubilados de la compañía antioqueña alertaron por los retrasos que se podrían generar en las obras por los efectos de las condenas a 26 empresas y particulares por la contingencia de 2018 que dejó un detrimento de $4.3 billones.
Si bien respeta los procesos fiscales y disciplinarios que se adelantan, la Asociación de Pensionados de EPM solicita a la Contraloría General de la República se pueda aplicar la suspensión como una solución transitoria para que en 2022 se puedan encender las primeras dos turbinas prometidas.
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Leonidas Mesa, presidente de la Asociación de Pensionados de EPM, sostuvo que es necesario "que se evalúe y se aplique la posibilidad de declarar una suspensión de los términos, por lo menos, hasta que entre en operación las dos primeras unidades de generación del proyecto".
"De tal manera que se toma una decisión que tenga en cuenta que lo más importante en estos momentos es el bien común y no conduzca a que sea peor el remedio que la enfermedad", dijo.
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En caso que no sea posible esa petición, los pensionados proponen a la Contraloría que, “en un gesto de comprensión en busca del beneficio general de todos los colombianos, se tome un plazo razonable y prudencial de seis a ocho meses para resolver los recursos que están en trámite”, pues hay 28 apelaciones para que en ese tiempo se realice “un dictamen o peritaje técnico adicional por parte de una institución internacional”.
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