Nueva licitación de Hidroituango espera pluralidad de interesados tras compra de póliza todo riesgo

Hidroituango ya cuenta con al menos un año de seguro de La Previsora contra riesgos en las obras civiles y en el lucro cesante, lo que brinda tranquilidad a la compañía y a los constructores después de dos años con esta póliza vencida pues ninguna aseguradora quería hacerse cargo.

Este fue una de las principales preocupaciones de los interesados en la licitación de la segunda fase de Hidroituango, que comprende de las turbinas de las 5 a la 8, incluso, de 10 firmas que compraron el derecho, al final solo el consorcio Ituango PC-SC, de Schrader Camargo en asocio con dos multinacionales chinas, hicieron la propuesta que tampoco fue aceptada y se declaró desierto el proceso.

Ahora con esa póliza vigente, el alcalde Daniel Quintero, presidente de la junta directiva de EPM, espera que haya mucho más interés con pluralidad de ofertas en esa nueva licitación que próximamente se abrirá.

"Al haber mayor confianza en el proyecto, esto no solo nos va a facilitar incluso las pólizas de otros proyectos dentro de EPM sino que muy probablemente va a permitir que haya más oferentes para la terminación de la última etapa del proyecto", agregó.

Precisamente, este lunes se realizará una nueva reunión junta directiva en la que se buscará un mecanismo para que mantengan los 2 billones de pesos de transferencia de EPM a la ciudad, a pesar de que la fallida venta de las acciones en UNE.

"Se va a definir el mecanismo para garantizar las utilidades y transferencias que necesita la ciudad para su Plan de Desarrollo. Recuerden que hay una afectación por el caso de UNE, esa afectación para la ciudad de Medellín es de más de 600.000 millones de pesos", señaló el alcalde Quintero.

El presidente de la junta también pedirá que se presenten al menos tres alternativas para la congelación de las tarifas de energía eléctrica a los usuarios de EPM en el país, luego de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto que entrega el control y regulación de los servicios públicos al Gobierno nacional.

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