El grave panorama que por estos días atraviesan buena parte de los municipios del Urabá antioqueño con miles de migrantes varados que buscan continuar su ruta hacia el norte del continente, ha motivado la manifestación de múltiples actores, a los que ahora se suman los grupos armados.
Esto por cuenta de un reciente comunicado del Clan del Golfo en el que a través de cinco puntos sentaron su posición frente a la dramática situación en la que ya han cruzado solo durante 2023 más de 330.000 personas de diferentes nacionalidades de Colombia hacia Panamá.
En el documento el grupo armado aseguró que ha sido testigo de cómo zonas fronterizas como el Puente de Rumichaca, en Cúcuta; y en Maicao y Paraguachón, en La Guajira, pese a que hay puestos de control de la fuerza pública no se toman acciones para regular efectivamente el flujo de personas que transitan masivamente por allí todos los días.
Con respecto al Darién indicaron que reconocen el drama humanitario que se vive en la zona, pero que a pesar de esto no se lucran de las necesidades de esta población ni la movilizan irregularmente, aunque tratan de mitigar sus necesidades.
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“Lo que sí procuramos es que el sufrimiento de las personas en tránsito sea el menor posible, y que quienes están a cargo de transportarlas, que no son ni hacen parte de las AGC, no abusen de la vulnerabilidad de los migrantes”, manifestaron.
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El reciente pronunciamiento se produce en un momento preocupante ante el endurecimiento de medidas que ha anunciado el gobierno panameño para deportar o expulsar extranjeros que no estén debidamente documentados en su territorio.
"Estamos ahora mismo en los procesos de contratación para deportar o expulsar mayor número de gente porque ante los flujos que tenemos de 352 mil personas a la fecha, tenemos que tomar estas medidas", indicó en días anteriores Samira Gozaine, directora de Migración Panamá.
En varias oportunidades también el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, ha manifestado que el fenómeno ha desbordado las capacidades de los gobiernos locales y regionales y que se requieren medidas de fondo y atención especial por parte del Gobierno nacional.
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