La decisión del laudo arbitral se hizo pública el pasado jueves 7 de diciembre, después de resolver un conflicto surgido en octubre de 2020 entre la Sociedad Hidroituango y EPM en el centro de conciliación de arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín. Conforme a la determinación del tribunal de arbitramento, la compañía deberá pagar una suma de 781.000 millones de pesos.
Este fallo se basa en la consideración de que EPM no cumplió con los hitos 7, 8 y 9 del contrato BOOMT de construcción, que significa Construir, Operar, Poseer, Mantener y Transferir, según sus siglas en inglés.
David Suárez Tamayo abogado y analista de asuntos administrativos con EPM, habló sobre la multimillonaria multa que debe pagarEPM a Hidroituango de acuerdo a lo determinado por un tribunal de arbitramento y explicó cuál es el problema inicial y en qué consiste el laudo arbitral en este caso jurídico.
“Lo primero que hay que explicar es que el laudo surge de una cláusula, es muy normal que en un contrato de esta magnitud las partes establezcan que, ante el caso de una controversia se acuda a un tribunal de arbitramento. Es un mecanismo válido y lícito para resolver conflictos y no cargar a la justicia colombiana con más casos”, indicó el abogado.
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El también analista indicó que la contingencia de la galería en el 2018 y por eso el proyecto no pudo arrancar en noviembre. De ahí Hidroitiando consideró que EPM incumplió hitos y por eso las penalidades. Aclaró que estos retrasos no los tenía que pagar el proyecto por dicha contingencia y resaltó que por el laudo no es que el departamento de Antioquia vaya a recibir una plata.
Para esto hay que precisar, recordemos que Hidroituango era por fases. Las dos primeras turbinas ya están generando energía, de la 5 a la 8 están planeadas para el 2026 o 2027… entonces hay tiempo para conseguir las pólizas… lo ideal era seguir con los contratistas iniciales, pero acá no se puede hablar de incumplimientos, podríamos decir que está demorado el inicio de ejecución porque hay un plazo de cuatro años
Finalmente, esta decisión, que representa un duro golpe para las finanzas de EPM, aún podría ser revisada por el Consejo de Estado.
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