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Metroparques radicó incidente de desacato de tutela en contra de veeduría Todos por Medellín

Un juez le había ordenado a la veeduría retractarse y presentar más pruebas que sustenten sus denuncias relacionadas con la existencia de un cartel de la contratación liderado por la entidad.

Edificio Alcaldía de Medellín.
Edificio Alcaldía de Medellín.
Cortesía

A pesar de que la veeduría ciudadana Todos por Medellín impugnó el fallo de primera instancia en el que un juez le ordenó a su vocera Piedad Restrepo rectificarse por sus denuncias sobre la existencia de un presunto carrusel de la contratación entre Metroparques y 22 empresas, que se habrían quedado con $120.000 millones, para el alcalde (e) Oscar Hurtado la veeduría no cumplió.

"De manera reiterada y a solicitud del representante legal de , se le pidió rectificación y no la hizo, y se le pidieron las pruebas y tampoco las aportó" expresó el alcalde (e).

Por lo anterior, Metroparques decidió presentar ante el Juzgado Trece Civil Municipal de Oralidad de Medellín un incidente de desacato donde, además, pide que se sancione a la Piedad Patricia Restrepo con una multa de hasta 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes y de hasta seis meses de prisión.

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"Ordenó rectificación respecto de opiniones, las cuales son diferenciales del derecho a la información, no siendo procedente dicha rectificación en el primer caso. Adicionalmente, consideró que son los jueces los que determinan la existencia de un posible peculado. Nosotros compartimos esa opinión y así se señaló en el evento, no obstante, se tomó de manera aislada una afirmación en el evento donde expusimos la investigación, así que allí se desconoce que en el evento sí se indicó que era un presunto peculado", aseguró Piedad Restrepo, quien además indicó que las denuncias fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía para que investigue.

Según la denuncia, entre los años 2020 y 2023, Metroparques, como empresa social del estado, fue receptora de 268.000 millones de pesos provenientes de la Alcaldía de Medellín , el Inder y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. De ese valor, $120.000 millones fueron entregados a 22 empresas, a través de procesos presuntamente direccionados y en los que, en algunos casos, se puede evidenciar la existencia de sobrecostos mediante diversas modalidades.

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