JEP exige protección para comunidades negras de Acandí tras homicidio de líder social

Luego de conocerse el asesinato del Fredy Pestana Herrera, presidente del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Acandí y Zona Costera Norte (Cocomanorte) en Chocó, en un comunicado, la JEP rechazó este crimen y pidió al Gobierno Nacional , la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía que adelanten acciones para proteger a esta comunidad que fue reconocida como víctima en el caso 004 “Situación Territorial de la Región de Urabá”.

Según el tribunal de paz, Pestana “era un reconocido defensor de las comunidades negras y de la paz territorial”, sumado a ello, desde hace cinco años era el presidente del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Acandí y Zona Costera Norte (Cocomanorte).

De acuerdo con el representante de ese consejo comunitario, Emilio Pertuz Buendía, no solo se debe tratar de determinar quiénes perpetraron el homicidio de este líder social sino también quién es el autor intelectual y las razones para callar su voz.

"De igual forma requerimos de los organismos de investigación del Estado establecer las responsabilidades de los autores materiales e intelectuales del asesinato del compañero", sostuvo.

Por eso, la JEP exigió a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, a la Fiscalía y a las demás autoridades competentes a promover acciones inmediatas en materia de prevención y protección para garantizar la vida de estas comunidades negras, además porque el Consejo Comunitario Cocomanorte fue acreditado como víctima, en calidad de interviniente especial, dentro del caso 04 'Situación Territorial de la Región de Urabá' el 30 de noviembre de 2020.

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En la solicitud de acreditación presentada por este consejo comunitario, la Sala de Reconocimiento pudo evidenciar diversas afectaciones sobre sus habitantes en el marco del conflicto armado, derivadas de intereses sobre los recursos naturales presentes en el territorio, lo cual se expresó en amenazas y desplazamiento forzado de los representantes del consejo comunitario y el homicidio ocurrido en octubre de 2010 de Ana María Moreno, integrante de la junta directiva de Cocomanorte.

Igualmente, expresó su preocupación por la alta presencia del Clan del Golfo y sus acciones para controlar la ruta del narcotráfico a través del Darién chocoano que tienen en medio del fuego cruzado a estas poblaciones.

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