En las últimas horas se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado colombiano una serie de respuestas sobre la decisión adoptada por la Procuraduría General de la Nación de suspender al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por su presunta participación en política en medio de las elecciones presidenciales.
La vicepresidente y canciller, Marta Lucía Ramírez, se pronunció, asegurando que se está verificando y estudiando cada una de las solicitudes, pero también dejó claro sobre la mesa las competencias de la Procuraduría.
“La CIDH ha hecho una solicitud de información que vamos a transmitir antes de que se venza el plazo, el plazo se vence el próximo domingo; estamos trabajando justamente en esa respuesta. Aquí lo importante en todo caso es entender que la función de control disciplinario que tiene la Procuraduría es una función que el Estado necesita. Porque no es solamente si los funcionarios comenten un delito penal. Es que las faltas disciplinarias también son graves y la Procuraduría debe poder investigar a cualquier funcionario en cualquier momento”, explicó Marta Lucía Ramírez.
Es de recordar, que el pasado 25 de mayo Daniel Quintero Calle radicó una petición ante la CIDH, en la que pidió que se declarara la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la violación de sus derechos fundamentales y políticos, manifestando que la decisión emitida por la Procuraduría General en su contra no es de una autoridad judicial penal.
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