La Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) en Antioquia celebró la decisión de la Corte Constitucional de no avalar ese plan de manejo ambiental que mantiene suspendida la aspersión con glifosato en el país.
Según José David Hernández, director de Coccam en Antioquia, que fue una de las que interpuso las tutelas que suspendieron esta práctica, la propuesta del Gobierno era imposible de cumplir desde un principio, porque se indica que la fumigación por hectárea valdría $1'800.000, cuando cuesta hasta $80 millones de acuerdo con la ONU.
Sumado a eso, ese plan de manejo fue fallido porque afecta directamente a los más de 260.000 familias campesinas, entre ellas 50.000 antioqueñas que viven de las plantaciones ilegales, pues es un químico muy dañino tanto para el ser humano como para el medio ambiente.
"El Gobierno pasa una propuesta fallecida porque es una propuesta realmente mentirosa con ganas de acabar realmente el territorio de los campesinos y campesinas. Un loco montado en una avioneta qué se va dar cuenta si hay nacederos de agua o si no lo hay", explicó Hernández.
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El representante campesino, sobre todo del Nordeste y el Bajo Cauca donde hay mayores cultivos de coca, insistió que las comunidades nunca están de acuerdo con esta práctica.
"Seguiremos ahí en pierde de lucha de que nosotros nunca vamos a aceptar que la fumigación con glifosato sea la opción de acabar el problema de drogas porque nosotros como campesinos que vivimos en el territorio sí sabemos las afectaciones que eso le hace no solo al campesino que vive ahí sino todo el país", manifestó el director de Coccam en Antioquia.
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Los cultivadores de coca esperan, mejor, que el Gobierno Nacional cumpla con el plan de sustitución de cultivos voluntaria para que las familias siembren otros productos para el sustento.
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