Comienzan a materializarse las nuevas imputaciones por presunta corrupción anunciadas por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, en contra de siete exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín y seis particulares.
Los primeros en ser citados a audiencia fueron los ya imputados Alexandra Agudelo, ex secretaria de Educación de Medellín; Lina María Gil, exdirectora de Buen Comienzo, y el contratista Henry Paulison Gómez, a quienes este lunes la fiscal anticorrupción Adriana Londoño Bonilla les imputó el delito de peculado por apropiación en favor de terceros.
Ante la juez 31 penal de Medellín, Londoño Bonilla explicó que en el marco del mismo proceso por presunta corrupción en Buen Comienzo se pudo determinar que entre marzo y agosto de 2020 las servidoras públicas se habrían apropiado en favor de un terceros de la suma de $1.423 millones 434.330 pesos por concepto de salarios a 520 personas que fueron contratadas por la corporación Colombia Avanza, sin tener en cuenta las necesidades y las reglas técnicas. A pesar de eso recibían pagos que oscilaban entre 1 millón 850 mil pesos y 5 millones 300 mil pesos mensuales.
"En la erogación del pago público intervienen varias personas: Martha Alexandra intervenía como ordenadora del gasto y ordenaba los pagos, mientras que Lina era la interventora; ambas autorizaban los pagos. Eso es lo que se ha llamado la disponibilidad jurídica y el vínculo funcional con esos bienes del Estado", añadió la fiscal, quien indicó que también se habría pagado a otras 51 personas cuyos servicios nunca fueron prestados.
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Recordemos que, en octubre, la Fiscalía presentó el escrito de acusación en contra de los procesados, a quienes a inicios del 2023 ya les había imputado los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos, por presuntas irregularidades en la ejecución de dos contratos que suman más de 20 mil millones de pesos para la atención y la entrega de paquetes alimentarios a niños de 0 a 5 años y madres gestantes, y en los que se evidenció un posible sobrecosto de 1.300 millones.
Tal y como ocurrió en la primera audiencia, en esta nueva imputación ninguno de los procesados se allanó a los nuevos cargos, por lo que siguen vinculados en el proceso, con el agravante de que ya la Procuraduría inhabilitó por 8 años para ejercer cargos públicos.
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