El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, firmó un principio de oportunidad para los dos principales testigoscontra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviría.
Con el acuerdo les dan inmunidad penal a cambio de información privilegiada sobre el proceso. Incluso, según conoció BLU Radio, los dos beneficiarios serán testigos de cargo en el juicio contra el gobernador ante la Corte Suprema de Justicia.
Se trata de José Ignacio Narváez Mora, entonces representante legal del Consorcio Troncal de la Paz, y Luis Fernando Solarte Viveros, contratista de la adición, quienes se comprometieron a revelar detalles de cómo se les dio el contrato a pesar de no cumplir con los requisitos.
En los próximos días, la Fiscalía deberá presentarlo ante un juez de garantías que tendrá la palabra final sobre si avala o no el acuerdo.
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El proceso
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Según la Fiscalía, las irregularidades las habría cometido el mandatario Gaviria cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007.
En ese momento, habría incurrido en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros en un contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778.
La primera presunta irregularidad es que se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista.
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Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia.
Dice el ente acusador que tienen pruebas de que el anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros. Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de 10.000 millones de pesos en maquinaria y equipos.
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En segundo lugar, la investigación evidenció que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, que tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública.
Una representó cerca de 4.000 millones de pesos para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal; la otra, mediante un otro sí, se realizó cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador y contempló la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre (Antioquia).
En este último punto, dice la Fiscalía, se comprometió más de 16.000 millones de pesos por lo que debía ser objeto de un nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original.
“Para la Fiscalía, el gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación”, sentenció el fiscal Barbosa en su momento.
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