La Superintendencia de Servicios dejó en firme la sanción por más de 1.800 millones de pesos a EPM por la no entrada en operación del Hidroituango en diciembre de 2018, cuando se estimaba que comenzara a generar energía el proyecto.
Está multa fue impuesta con la expedición de una resolución del 31 de enero de 2022, en la que el ente de vigilancia negó el recurso de reposición presentado por EPM y confirmó que, debido al retraso en la puesta en operación de Hidroituango que estaba previsto para el 1 de diciembre de ese año, cuando ocurrió la contingencia, la empresa incumplió la fecha de inicio del periodo de vigencia de las Obligaciones de Energía en Firme que le fueron asignadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en subasta realizada en junio de 2008.
“El equipo de la Dirección de Investigaciones de Energía y Gas pudo establecer que los argumentos presentados por EPM en el recurso de reposición no fueron lo suficientemente sólidos para descartar la sanción emitida el 18 de noviembre del año pasado. EPM incumplió los artículos 25 y 85 de la Ley 143 de 1994, así como el artículo 7 de la Resolución CREG 071 de 2006 que establece obligaciones especiales a los agentes con plantas y/o unidades de generación nuevas o especiales, entre ellas el cumplimiento de la entrada en operación de los proyectos en las fechas asignadas en las subastas. Para el caso de EPM, la fecha de inicio de la operación de Hidroituango estaba prevista para el 1 de diciembre de 2018”, indicó la superintendente Natasha Avendaño García.
La entidad de vigilancia señaló, además, que frente a esta nueva resolución no procede ningún recurso y queda en firme la multa de $1.817 millones que debe pagar EPM dentro de diez días hábiles.
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“(Hay que) demandar el acto porque lo consideramos que no corresponde a la normatividad estamos en nuestro derecho, eso no nos quita obligación de pagar entonces vamos a esperar que tenga buena suerte eso, vamos a preparar esa acción judicial con optimismo porque creemos que a una empresa como nosotros no se nos puede sancionar varias veces”, indicó Jorge Carrillo.
La acción será interpuesta ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, buscarán que se pueda evitar el pago de la multa, sin embargo, será pagada porque deben cumplir, y esperan que con esta acción puedan recuperar los recursos.
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Según la Superservicios, EPM no logró desvirtuar su responsabilidad por la no entrada en operación del proyecto, lo que implicó un incumplimiento regulatorio, así como un riesgo de desabastecimiento de energía eléctrica en el país, hecho que llevó a la CREG a la convocatoria de una nueva subasta de energía, sin afectar el suministro a mediano plazo.
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