EPM se unió a las empresas que, a través de comunicados, se han sumado al Pacto por la Justicia Tarifaria, anunciado el pasado 16 de septiembre por la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez .
La compañía de servicios públicos manifestó que hicieron “una propuesta que implica un aporte de aproximadamente 340 mil millones de pesos para un período de 12 meses y una reducción del 8,7% para los comercializadores que tienen un mayor número de clientes en estratos 1 y 2, y un mayor costo unitario del kilovatio de energía”, agregando que “para las demás compañías con las que se tienen contratos de largo plazo, también habrá una disminución del 4.7 %".
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En la misma comunicación, Empresas Públicas de Medellín aseguró que se tiene previsto un descuento a los usuarios no regulados, esto con el fin de aliviar un poco los costos de la energía para las empresas.
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Al adherirse al pacto, la empresa admitió que para que estas reducciones se vean reflejadas en las tarifas que pagan sus clientes, las empresas comercializadoras de energía deben adelantar negociaciones con las generadoras con las que tienen contratada la compra de energía y estabilizar así los valores.
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