En pleno arranque de las elecciones de alcaldes y gobernadores, la declaratoria de emergencia económica y social en La Guajira busca darle al gobierno superpoderes para entregar contratos a dedo en distintas áreas.
La decisión de declarar la emergencia se conocía desde hace días pero el decreto oficial se firmó el domingo 2 de julio, lo que implica que el Gobierno tiene hasta el 2 de agosto para emitir decretos con fuerza de ley que permitan resolver la emergencia en La Guajira.
El decreto menciona tres veces la contratación directa entre las motivaciones de la declaratoria y en una de ellas es explícito sobre la ley de garantías electorales:
“...Se requiere que las entidades estatales del orden nacional y territorial puedan acudir a la modalidad de contratación directa, siguiendo los principios de transparencia y legalidad cuando ello sea necesario para enfrentar la crisis y evitar la extensión de sus efectos. En consideración al interés público que tiene dicha contratación de acuerdo con los artículos 2, 298 Y335 de la Constitución Política, es necesario adoptar medidas para garantizar la celebración de convenios y contratos interadministrativos, sin las restricciones contractuales previstas en el inciso primero del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, durante el tiempo que dure esta declaratoria de emergencia”, indica el documento.
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El Gobierno también mencionó la necesidad de ‘flexibilizar’ las normas de contratación de las entidades del sector agropecuario para llevar a cabo toda clase de políticas para el sector desde fomentar la siembra de alimentos hasta la compra de tierra a través de ‘mecanismos excepcionales’ para la reforma rural; y dijo que quería una compra directa y ágil de productos locales para atender la emergencia.
Entre los beneficiarios de la contratación directa podrían estar entidades sin ánimo de lucro, organizaciones sociales, comunidades organizadas y otras personas jurídicas de derecho público y privado para el tema del agua. Pero habría contratación directa también personas naturales, entidades sin ánimo de lucro, autoridades indígenas o Consejos Comunitarios de las comunidades negras para temas agropecuarios y de tierras.
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Este decreto además le permite al presidente acelerar en ese departamento varias de sus reformas: explícitamente se habla de la reforma agraria, también se habla de reorganizar el sistema de salud en La Guajira y en servicios públicos tanto el gobierno como los entes territoriales podrían entrar a regular o prestar directamente servicios de agua y saneamiento básico.
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