Cuatro líderes barristas de Atlético Nacional no aceptaron los cuatro cargos imputados por la Fiscalía por los desmanes en el partido contra el América de Cali en el estadio Atanasio Girardot en abril pasado.
A Andrés Felipe Muñoz Lara, Andrés Felipe Ospina Calle, Ramiro Andrés Gutiérrez Patiño y Raúl Eduardo Martínez Hoyos les imputaron cargos por los delitos de incitación a delinquir, violencia contra servidor público, amenazas y pánico, en una audiencia presidida por el Juzgado 40 Municipal de Medellín, con función de control de garantías.
Los líderes barristas, que permanecen en libertad, están siendo procesados porque, según la fiscal delegada, incitaron a través de redes sociales y protagonizaron los disturbios y daños generados por miembros de la barra Los del Sur en el estadio Atanasio Girardot el 16 de abril de 2023, en un partido de la liga colombiana contra el América de Cali.
"De manera pública y directa incitaron y promovieron a los integrantes de la barra brava Los del Sur a la comisión de una número indeterminado de delitos. Lo pretendido de los indiciados con estos hechos era que por cuenta de los daños y la violencia ejercicio se presentaran sancionables al club Atlético Nacional", agregó la funcionaria judicial.
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La fiscal indicó que este episodio se habría fraguado 2 días antes, es decir, el 14 de abril de 2023, cuando los cuatro barristas fueron a una reunión con directivos del club en la sede administrativa y allí el presidente y el vicepresidente ejecutivo, Mauricio Navarro y Benjamín Romero, respectivamente, les informaron que el equipo no le seguiría dando a la barra las 500 boletas de cortesía que venían recibiendo. Eso habría provocado una advertencia de parte de los barristas sobre lo que iba a ocurrir en pleno partido de la liga colombiana de fútbol.
"Fruto de este ataque, coordinado y premeditado, se presentaron los siguientes resultados: daños en bien ajeno contra la infraestructura física del estadio, a gabinete contra incendios, a estanterías y cámaras de seguridad, valorados en la suma de 672 millones de pesos", señaló la fiscal.
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La audiencia se desarrolló de manera virtual y se extendió hasta altas horas de la noche, pero fue suspendida porque la fiscal tuvo problemas de conexión. Por eso, el juez del caso determinó que se reanudará el próximo lunes, 14 de agosto, en la sesión de solicitud de medida de aseguramiento, donde la Fiscalía deberá argumentar si pedirá una medida restrictiva de la libertad contra los cuatro imputados y por qué esta debe imponerse por parte del juez.
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