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Estos siete policías, entre los que hay un subintendente, un intendente y cuatro patrulleros, estaban asignados a la estación del barrio Laureles y, el pasado 23 de enero, durante una revisión de rutina en un hotel, encontraron a un ciudadano que portaba $300 millones en efectivo.
Este hombre no supo justificar de dónde había salido el dinero y, ante eso, lo detuvieron por el delito de enriquecimiento ilícito, pero cuando fueron a reportar el dinero, solo informaron $275 millones y se quedaron con los otros $25 millones.
De acuerdo con la fiscalía, para lograr su cometido, una de las agentes involucradas alteró varios informes oficiales e incluso intentó sobornar a uno de sus superiores para que no reportara el hecho.
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Los investigadores de la Dijin evidenciaron este hecho de corrupción cuando interrogaron en varias ocasiones al detenido y este aseguró que tenía $300 millones exactos.
Cuatro de los policías fueron enviados a la cárcel y los demás a prisión domiciliaria por los delitos de cohecho, falsedad en documento público y peculado; aunque ninguno aceptó los cargos.
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