Camacol y CCI cuestionan fallo en segunda instancia; piden al gobierno intervenir sobre Hidroituango

La Contraloría General de la República ya envió al Consejo de Estado el fallo que confirmó la multa por 4.3 billones de pesos a 26 personas naturales y jurídicas.

La Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL Antioquia hizo un llamado urgente a las autoridades que tengan la posibilidad de intervenir para evitar un daño colateral en el proyecto y manifestó la preocupación por los tiempos, las implicaciones y los impactos económicos.

Otra organización que reaccionó fue la Cámara Colombiana de la Infraestructura, quien cuestionó a dónde llegarán los recursos de seguros y alertó sobre lo que está pasando con el vertedero, porque el agua sigue siendo constante, por lo que aún no está controlado el riesgo.

Camacol enumeró ocho razones por las que no comparte la decisión del fallo en segunda instancia, indicó que no se tuvo en cuenta el debido proceso de los implicados, también informó que no son consecuentes con que las decisiones frenen el proyecto cuando este se encuentra en un avance del 85%.

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“En un fallo de más de 2.000 páginas desecha la posibilidad de decretar nuevas pruebas sin cotejar los hechos que los implicados han solicitado, también se desechan las propuestas que hemos hechos los gremios económicos del departamento”, manifestó Eduardo Loaiza, gerente de CAMACOL.

Aseguró que la decisión retrasaría la entrada en operación de la hidroeléctrica, y pone en riesgo la estructura del vertedero y a la población aguas abajo si se da un plazo en las obras producto del fallo de segunda instancia, debido a que esto puede conllevar también a un empalme, multas lo que implicaría retrasos en la culminación e incumplimiento de EPM al sistema energético nacional.

"Eso va a implicar extra costos de todo tipo, esto es como si la pretensión fuera acabar con Empresas Públicas de Medellín, perjudicar al municipio de Medellín, perjudicar a Antioquia y el perjuicio es enorme, no se tiene en cuenta los pagos parciales que ha hecho hasta ahora la aseguradora”, agregó Loaiza.

Informó que, al parecer, la Contraloría no midió los impactos económicos y sociales de los municipios aledaños. Además advirtió que empresas nacionales e internacionales dudarán de querer contratar con el Estado y consideran nefasto para el propósito de atraer la inversión al país, que en obras de magnitud requieren del trabajo articulado, en alianza y en equipo entre sector público y privado.

Por su parte, José Fernando Villegas, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura, cuestionó a dónde van a llegar los recursos que normalmente entraban a EPM y ahora van llegar a la alcaldía por motivos de seguros.

“Qué pasa si el fallo queda en firme y viene una inhabilidad para los contratistas, ¿Empresas Públicas es constructor? ¿Podrá asumir no solamente comprando la maquinaria sino la experiencia del personal que allí trabaja?”, preguntó.

Informó que le preocupa que el agua siga pasando por el vertedero, y que solo cuando el agua pase por la turbina se controlará el riesgo en el proyecto hidroeléctrico.

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