Por lo menos 2.400 familias de Cáceres, Tarazá y el sur de Córdoba, que hacen parte del programa de sustitución de cultivos ilícitos, están afectadas por los retrasos en el pago bimensual de $ 2.000.000 que les debía hacer el Gobierno Nacional. Según las denuncias, el desembolso no se ha hecho desde hace por lo menos cuatro meses.
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El líder de la Asociación De Campesinos Cocaleros, Arnobis Zapata, explicó que las directivas del programa, tras el cambio de Gobierno, están pidiendo de nuevo toda la documentación, han retrasado procesos de pago e incluso han advertido que retirarán a algunas familias, por lo que estas no podrían avanzar con su proyecto productivo.
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"Cuando se dio el programa, siempre nos atendían y nos pagaban puntual. Ahora a este Gobierno como que ya no le sirve. Hay muchos retrasos y uno ve como la intención de buscar excusas para sacar a beneficiarios, que ya arrancaron sus cultivos", denunció Zapata.
En el Bajo Cauca, la zona donde hay más retrasos en los pagos, esperan que pronto lleguen los recursos que, tras dejar los cultivos ilícitos, son la única entrada económica de las familias.
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