Blu Radio y Noticias Caracol conocieron de un nuevo requerimiento por los riesgos que se tendría por la entrada en operación de las dos primeras turbinas del proyecto Hidroituango y donde le da plazo de un mes, esta vez por la Agencia de Licencias Ambientales Anla, para que actualice el plan de contingencia, lo que pone en vilo la entrada en operación de la primera turbina este 15 de noviembre.
El documento se suma a la resolución de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde aseguró que en el puesto de mando unificado que se hizo el pasado 25 de octubre la información suministrada no fue suficiente para evidenciar el posible riesgo que podría generarse con el encendido de la primera turbina y le da un plazo máximo de 30 días para presentar ese plan de contingencia.
“De acuerdo con la información presentada por la sociedad, se evidencia que se incluyen escenarios de riesgo, los cuales, si bien corresponden a algunos escenarios evaluados en los PDC de 2018 y 2021, no corresponden a los escenarios evaluados para el año 2022, por lo cual no es posible evidenciar el nivel de riesgo y su comportamiento frente a escenarios críticos asociados a la disipación de energía como lo serían escenarios asociados al aumento de sismicidad, afectación del macizo rocoso, disminución del riesgo de falla del vertedero, entre otros”, señaló la misiva.
Esta solicitud dirigida a la Sociedad Hidroituango, además, aseguró que se debe resolver en ese plan de contingencia con claridad:
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“Claramente las variaciones en las valoraciones de los escenarios con la disipación de energía, las variaciones y comparativos en las áreas de posible afectación para los diferentes escenarios y los elementos expuestos bióticos, abióticos y socioeconómicos que se pueden afectados en cada caso”.
En el documento se reveló que la sociedad en ese PMU manifestó sus preocupaciones en el sentido que: “hay situaciones que se deben revisar, no es una puesta en servicio normal de cualquier proyecto, es una cosa adicional que EPM tiene que hacer de garantizar seguridad, no solamente seguridad de la infraestructura, si no de las comunidades aguas abajo y toda la infraestructura que hay aguas abajo del proyecto”.
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Ante esta situación a las múltiples voces que se han reportado para que el Gobierno Nacional intervenga para que se exonere a EPM de la multa de 190 millones de dólares por la Creg en caso de no entrar en operación antes del 30 de noviembre.
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