Alcaldía de Medellín echó para atrás polémico contrato de chatarrización de 50.000 vehículos

La Alcaldía de Medellín echó para atrás el polémico contrato dechatarrización en el cual la ciudad perdería más de 30 mil millones de pesos.

Tras la indagación de la Personería de Medellín al millonario contrato de chatarrización con el que, presuntamente, vendieron a un precio inferior los carros abandonados de la Secretaría de Movilidad de la ciudad en ventas por un 90.2% menos que el precio comercial, la secretaría de suministros y servicios, por medio de una carta dirigida al representante de la empresa legal Unión Temporal, pidió revocar el contrato y pidió una respuesta en un término de tres días.

Es de recordar que el contratista que ganó iba a pagar $98 por kilo de la chatarra. De acuerdo con el mercado en Colombia, aunque los precios son constantes, el valor del kilo de chatarra ronda en 1.000 pesos.

El concejal Daniel Duque había denunciado públicamente este contrato en meses anteriores donde explicaba las consecuencias que tendría esta negociación contra el interés público de la capital antioqueña.

“Esta investigación, que logró identificar que se subastó la chatarra de Medellín de los distintos patios de la Secretaría de Movilidad, en $98 el kilogramo, aunque en el mercado oscila entre los $1.000 y $1.800”, afirmó

Por otro lado, Alejandro Moncada, estudiante de derecho y activista contra la corrupción, había investigado y denunciado el contrato, por lo que de inmediato se enteró de la carta enviada por la secretaria de ese despacho, Karen Delgado, quien publicó en su cuenta de Twitter, “ hacer control político si sirve”.

“En el mes de abril de este año le llegó un correo al alcalde (Daniel Quintero) de cómo se estaban robando estos recursos, sin embargo, el alcalde no hizo nada, pero el detalle es que en los patios hay 50.000 vehículos inmovilizados que deben ser chatarrizados. Para esto la alcaldía pretendía hacer una subasta”, aseguró.

De acuerdo con William Yeffer Vivas, personero de Medellín, si con las pruebas se identificaba la existencia de la venta de los vehículos por chatarra a esos precios inferiores, se procedía con la apertura formal de investigación disciplinaria y, de ser el caso, la formulación de pliegos a los funcionarios implicados en el proceso.

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