Ni una acción popular ni otras movilizaciones ciudadanas que han ocurrido en los últimos meses en el corregimiento de San Cristóbal, occidente de Medellín, han podido frenar la construcción de la Cárcel Metropolitana de Sindicados, un proyecto recientemente adjudicado para su construcción y que involucra recursos por más de 1.14 billones de pesos.
Y es que habitantes de esta zona de la capital antioqueña reiteraron que no quieren esta infraestructura en su territorio, que albergará unas 1.300 personas privadas de la libertad, no solo por considerar que los estigmatiza, sino porque son urgentes otro tipo de inversiones en el territorio.
Cecilia Álvarez Pulgarín, presidenta de la Junta Administradora Local (JAL) de San Cristóbal, aseguró que son necesarios por lo menos dos colegios, parques y otras zonas de encuentro para el corregimiento antes que un centro carcelario adicional al que ya tienen con El Pedregal.
"Una cárcel genera impactos en salud, seguridad, convivencia y tranquilidad. Por eso no la queremos aquí, no queremos que nos castiguen más", dijo la líder a Blu Radio.
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Tras conocerse la adjudicación del contrato para la construcción del centro, el primero en el país que operaría bajo la modalidad de alianza público privada, concejales de la ciudad también han cuestionado el proceso de selección.
Un único oferente y escándalos en países como México enredan a Prodemex, quien será el encargado de ejecutar recursos públicos que comprometen vigencias futuras hasta 2037.
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"Siempre termina siendo un único oferente con respecto a estas licitaciones tan grandes y uno se pregunta si no hay tantos expertos a nivel mundial que tengan conocimiento para la ejecución y disposición de una cárcel en la ciudad de Medellín. Siempre termina en lo mismo, igual que Hidroituango y los chinos", expresó Carlos Andrés Ríos, concejal del Centro Democrático.
Frente a las preocupaciones de diferentes sectores, el concejal Lucas Cañas, coordinador ponente del proyecto de acuerdo para la construcción de ese centro, defendió que es una iniciativa más que necesaria por la dramática situación de muchos centros transitorios y cárceles de la región, pero además que dentro de esta propuesta están establecidas obras de compensación para la comunidad.
"Yo le pedí al distrito un compromiso de compensación social acerca de que así como se va a hacer una inversión tan importante, San Cristóbal pueda tener obras como un parque y un megacolegio", destacó Cañas.
Según informó la administración, se espera que esta cárcel esté dotada con estándares técnicos y de seguridad de última generación, con lo que se espera reducir el hacinamiento en lugares de paso que se calcula en un 218 %, según cifras de la Personería de Medellín.
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