Guardacostas de la Armada Nacional fueron los encargados de reportar un cadáver que, este viernes 17 de enero, se encontraba flotando en el río Magdalena, a la altura del conocido Malecón del Río en Barranquilla.El cuerpo en alto grado de descomposición fue divisado y rápidamente rescatado por las autoridades que más tarde realizaron las respectivas labores forenses, para luego llevarlo hasta las instalaciones de Medicina Legal donde se determinará su identidad.La persona presuntamente asesinada portaba una camisa color azul y una sudadera gris, de igual manera se intenta verificar si murió en las zonas colindantes con el Río Magdalena o si es un cuerpo que viene desde otra jurisdicción.En esa línea, hay un grupo investigativo de la Policía que trabaja para definir las circunstancias alrededor de este hallazgo.Aunque es el primer cadáver divisado en el presente año, esta es una práctica que se vio reiteradamente en el 2024. Por ejemplo, el pasado viernes 26 de diciembre fue encontrado en inmediaciones al barrio Siape el cuerpo de Reinel Alexander Blanco Rodríguez, quien era buscado por sus familiares y tenía varios signos de violencia.En los últimos dos años, según datos recolectados por este medio, por lo menos 20 personas fueron asesinadas y luego arrojadas al río Magdalena.
La sorpresiva llegada de nueve cuerpos sin vida, durante la mañana de este viernes 17 de enero a las instalaciones de Medicina Legal en Montelíbano, Córdoba, ha requerido el desplazamiento de personal especializado del CTI de la Fiscalía para atender la investigación de lo que sería el resultado de un combate entre grupos armados en Nechí, Antioquia.Sin embargo, la falta de capacidad instalada en la morgue de este municipio, obligó al Cuerpo Técnico de Investigaciones a solicitar el traslado de los restos a Montería, donde se podrían realizar las respectivas identificaciones.De acuerdo con información que conoció Blu Radio, una empresa de funeraria fue la encargada de realizar el traslado de los cuerpos desde Nechí, en Antioquia, hasta Montelíbano, Córdoba.Los cuerpos estaban dentro de bolsas negras para que se les practicaran las respectivas necropsias, tal cual y como lo indica la ley cuando se trata de una muerte violenta.De igual manera, se supo que las circunstancias de muerte son materia de investigación para las autoridades competentes.Fuentes judiciales le aseguraron a este medio que aún no hay certezas que estructuras pudieron estar detrás de este enfrentamiento, aunque tampoco se descarta que haya sido un violento atentado. Por lo cual, grupos como el Clan del Golfo están siendo analizados en las pesquisas.
24 horas después de que en Barranquilla empezó a regir el decreto que prohíbe la circulación de vehículos de tracción animal por las calles de la ciudad, un grupo de ciudadanos que obtienen su sustento de esta actividad, salieron a protestar tomándose la vía La Cordialidad, a la altura del sector conocido como San Martín, en el barrio El Bosque.Los carromuleros atravesaron sus carretas vacías a lo largo de toda la importante vía para clamar la atención del Distrito y que este les genere un permiso que les permita seguir ejerciendo su actividad hasta que les den las ayudas que le permitirán desarrollar una nueva fuente de ingresos para sus hogares.“Que por lo menos nos dejen trabajar así sea con restricciones, pero que nos dejen trabajar hasta que retiren los animales del todo, si él va a recoger de a 20 mulas, vaya recogiendo hasta que se acaben del todo”, dijo Diego Fernando Aguirre, uno de los carromuleros.Dicen que la reunión con la secretaría de Desarrollo Económico y el Centro de oportunidades de la Alcaldía para hacer el censo de los carromuleros que entregarán sus burros y caballos a cambio de ayudas que les permitirán tener otras fuentes de empleo, está programada para el 23 de enero, y mientras tanto ellos no tienen con qué comer.
Según se pudo establecer, en las últimas horas arribaron al municipio de Montelíbano, en el departamento de Córdoba, los cuerpos sin vida de nueve hombres, al parecer provenientes de un sector conocido como Minguillo, ubicado exactamente en zona rural de Santa Rosa, sur de Bolívar.La muerte de estos hombres, al parecer, se habría registrado en medio de violentos enfrentamientos entre diferentes grupos criminales, como el Clan del golfo y el ELN, que se disputan el control ilegal de ese territorio que comunica al sur de Córdoba, el Bajo Cauca Antioqueño, el nordeste de Antioquia y el sur de Bolívar.Los cuerpos, de acuerdo con información conocida por Blu Radio, permanecen en el hospital del municipio a la espera de la decisión de las autoridades para su respectiva identificación y otros procedimientos.Las primeras informaciones destacan además que cinco de los cuerpos sin vida habrían llegado a ese municipio en el departamento de Córdoba envueltos en sábanas y plásticos, mientras que los otros cuatro restantes tendrían prendas de uso privativo de la fuerza pública.
Aunque el sur de Bolívar es una de las regiones más azotadas por el actuar criminal del ELN, para el gobernador Yamil Arana, el anuncio del Gobierno nacional de suspender las negociaciones de paz con este grupo armado, no es sólo la mejor decisión sino la más acertada.Tras conocerse la decisión del presidente Gustavo Petro, el gobernador Arana aseguró que esta guerrilla nunca ha mostrado una verdadera voluntad de paz en el sur de Bolívar, y que los diálogos de paz han servido para que el grupo armado se fortalezca en su afán de lograr el control de la minería ilegal, que se vienen disputando con las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.“Los diálogos solo han servido para que el ELN se fortalezca. Nunca han respetado las mesas de negociación. Mientras no exista una verdadera voluntad de paz, no se debe conversar con estos grupos armados organizados. Esta es la postura correcta y la que esperábamos desde hace mucho tiempo”, sostuvo.El mandatario fue enfático en que en el departamento de Bolívar nunca se “han aceptado estos bandidos”, por lo que desde el inicio de su gobierno la estrategia ha sido fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública para contrarrestarlos.“A finales del año pasado tuvimos un consejo de seguridad con el señor ministro de defensa se tomaron determinaciones, y de ahí a lo que va corrido del año, se han realizado operaciones que han dando en el punto y que han permitido la captura de varios líderes de estas organizaciones criminales. Ellos, en el sur de Bolívar, nunca han tenido diálogo con nadie, nunca ha habido paz en el sur de Bolívar“, añadió.El secretario de seguridad de Bolívar, Manuel Berrio, dio a conocer que fue convocado un consejo de seguridad departamental extraordinario, al que asistirán los alcaldes municipales y distritales, junto con las Fuerzas Armadas.El objetivo, según explicó el funcionario, es “establecer estrategias concretas para enfrentar la creciente amenaza del ELN y otros grupos criminales que operan en el territorio”.El consejo de seguridad se realizará este sábado a partir de las 10:00 de la mañana.
Pese a que aún no se confirma quiénes son los responsables del atentado armado que se produjo este jueves hacia las 10:30 de la noche contra un grupo de siete uniformados del GOES de Hidrocarburos, es crítico el estado de salud de algunos de estos. De acuerdo con la información entregada por la gobernadora del Cesar, Elvia Sanjuan, cuatro de estos presentan "compromisos complejos" en su estado de salud, lo que obligó a que inicialmente los trasladaran al Hospital Regional de Aguachica José David Padilla. Sin embargo, un patrullero requirió remisión en horas de la madrugada a la ciudad de Bucaramanga, debido a la gravedad de sus heridas. En medio de las labores de investigación que está adelantando la Policía en la zona, fue identificado que los agentes acudieron al lugar, luego de un llamado que les hicieron desde una empresa de hidrocarburos, en la que les advertían que había baja presión en el oleoducto que pasa por la zona. No obstante, cuando estos llegaron al sitio, se encontraron con el detonación de los explosivos que dejaron completamente destruida la camioneta en la que se movilizaban. "La información técnica que tenemos es que monitoreado el sistema de conducción de hidrocarburo, la misma empresa se dio cuenta de una disminución en la presión de en el oleoducto y de manera inmediata informó a la Policía para que revisaran. Al atender el llamado se encontraron con esto", señaló la mandataria.Atentado La explosión se reportó en zona rural de Pelaya, en medio de un operativo que estaba realizando el grupo GOES de Hidrocarburos. La principal hipótesis apunta a que el ELN o las Disidencias de las Farc están detrás de este atentado, sin embargo, la información aún no ha sido confirmada por las autoridades.
En dos hechos, aparentemente aislados, dos hombres fueron descubiertos mientras se transportaban como pasajeros de buses intermunicipales y llevaban en sus equipajes los huevos de iguanas. El primero de ellos cubría la ruta Bucaramanga-Cartagena y el segundo la ruta Valledupar-Barranquilla, cuando, mediante un operativo de registro y control la Policía de Tránsito, los sorprendió con el ilegal producto.La mayor Gloria Clavo, vocera de la Policía del Magdalena, entregó detalles de este decomiso. “Se llevó a cabo durante un puesto de control instalado en la vía que conecta al río Ariguaní con la Ye de Ciénaga, específicamente en el sector del peaje Tucurinca, municipio de Aracataca. Donde encontramos tres bolsos que llevaban en su interior 3.000 huevos de iguana”, afirmó.En cuanto al segundo caso, la mayor Calvo precisó que “en la vía Río Ariguaní - Ye de Ciénaga, específicamente en el sector El Reposo de la Zona Bananera, unidades policiales sorprendieron a un ciudadano extranjero de nacionalidad venezolana transportando 1.800 huevos de iguana”.Según las investigaciones, para lograr esta cantidad de huevos, estos hombres debieron sacrificar más de 400 iguanas, especie que se encuentra en alerta por peligro de extinción. En lo que va de este 2025, las autoridades ambientales del Magdalena han decomisado más de 5.000 doscientos huevos de iguana en el departamento.El Departamento de Policía Magdalena hace un llamado a la ciudadanía para evitar prácticas que pongan en riesgo las especies de fauna silvestre, como la extracción de huevos de iguana, que además de ser un delito, puede causar la muerte de estos animales y afectar gravemente los ecosistemas.
Fuertemente cuestionado se encuentra el municipio de Pelaya, al sur del Cesar, luego de que hacia las 10:30 de la noche de este jueves 16 de enero hubiesen resultado siete policías heridos, los cuales pertenecían a la unidad del GOES de hidrocarburos. Entre estos había cinco patrulleros, un intendente y un subintendente. De acuerdo con información que conoció Blu Radio, estos fueron identificados como el intendente Cristian Camilo Díaz Muñoz, el subintendente Cristian Ortiz Oca, los patrulleros Duay Fernando Varón Muñoz, Carlos Andrés Rincón Galindo, Diego Riaño Fernández, Édgar Andrés Arévalo Arevalo y Adrián Steven Yanguma. El atentado se dio tras la detonación de una carga explosiva, cuando estos policías se encontraban en el desarrollo de una misión en la zona, sobre la que no han sido entregados detalles. De acuerdo con el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, al menos dos hombres habrían desarrollado en la ejecución del atentado, según información recibida por campesinos del sector, por lo que está en curso una investigación con la que buscan dar con la captura de los responsables. Según explicó, los uniformados heridos fueron afectados principalmente por esquirlas, para lo que trasladaron a varios de estos al hospital de Aguachica, desde donde se espera a las 7:00 de la mañana un reporte con la actualización del estado de salud de estos.Entre las hipótesis, no se descarta que el ELN o la disidencia de las Farc tengan relación con los hechos, debido a que ambos grupos tienen presencia en la zona.A través de sus redes, la Gobernación del Cesar expresó su rechazo ante lo ocurrido. "El Gobierno del Cesar rechaza el atentado ocurrido anoche contra una patrulla de la Policía, en la vereda Los Pinos, jurisdicción de Pelaya", indicaron.
A disposición de la Fiscalía General de la Nación fueron puestos los presuntos responsables del abuso sexual de dos menores de edad en Barranquilla, una adolescente de 13 años y una niña de solo 5.Los casos fueron en los barrios El Santuario y Carrizal respectivamente, siendo el segundo de ellos el más grave por amenazas que el presunto agresor le habría hecho a su hijastra adolescente diciéndole que si lo denunciaba mataría a su progenitora.Este capturado tiene tres anotaciones judiciales por daño en bien ajeno, porte ilegal de estupefacientes y acceso carnal violento; y ahora recibirá la judicialización de este mismo delito pero con circunstancias de agravación y violencia.En el otro episodio, un padre, según la Policía, aprovechó que su hija pequeña quedó bajo cuidado para abusar de ella. Todo sucedió el pasado 5 de enero y familiares fueron los encargados de hacer la denuncia.
Unidades del Departamento de Policía del Atlántico lograron la captura de un hombre de 28 años de edad llamado Harold Ayola Ruiz, quien será judicializado por el delito de lesiones personales tras protagonizar una violenta riña a machete con su vecino.El procedimiento se adelantó en las instalaciones del Hospital municipal de Luruaco, donde llegaron los uniformados, luego de ser alertados de la contienda ocurrida minutos antes en la primera manzana del barrio Abraham Juan, del sector mencionado.Este medio conoció que la pelea se desencadenó, luego de una discusión que Miguel José Tovar Serra, de 26 años, tuvo con familiares de Harold, quien llegó minutos después de que le avisaron que su casa estaba recibiendo múltiples pedradas. Tovar, al parecer, vio con malos ojos que le pidieran bajar el volumen de su equipo de sonido.El primero de los mencionados fue quien se llevó la peor parte con tres machetazos en diferentes partes del cuerpo, uno de ellos provocandole una herida de al menos 15 centímetros en el costado derecho de su cabeza. Por lo cual, los médicos autorizaron su remisión hasta el Hospital Departamental de Sabanalarga, donde permanece estable hasta el momento.Ayola Ruiz se entregó a las autoridades con el arma cortopunzante utilizada y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales.A su vez, Harold presenta dos anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio, Spoa, por los delitos de injurias por vías de hecho y también lesiones personales. Tanto él como su vecino estaban bajo los efectos de bebidas embriagantes de acuerdo a los reportes suministrados.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se pronunció sobre el accidente que cobró la vida de un adulto mayor en el carril exclusivo del sistema de transporte masivo Transcaribe, al ser arrollado por un vehículo asignado al esquema de protección del gobernador de Bolívar, Yamil Arana.En medio de los cuestionamientos por la poca información que se ha conocido por parte del Departamento de Tránsito y Transporte sobre este siniestro, el mandatario cartagenero aseguró que se trató de “un hecho lamentable” y que, una vez conoció del mismo, ordenó a las autoridades distritales de tránsito informar tal cual como había ocurrido.“El departamento de Tránsito ha estado cumpliendo con su labor, no ha hecho nada distinto a eso. Hay una reglamentación para el uso del carril del Solobus de Transcaribe, los vehículos de la Gobernación lo pueden utilizar, ya lo que ha sobrevenido después, de quién es el vehículo, quién estaba manejando, no es del resorte nuestro, pero yo creo que lo realmente importante, y lo hablé con el gobernador, incluso, es respaldar a la familia, hay un luto, un dolor enorme con una persona que fallece en un lamentable accidente, entonces yo lo que le he pedido al tránsito es estar allí pendiente, entregar toda la información del caso tal cuál cómo ocurrió, y eso es lo que estamos haciendo”, señaló.El alcalde Turbay también indicó que el caso ya está en manos de la Fiscalía, que ha pedido que se respalde a la familia de la víctima, e insistió en las medidas de precaución al usar el carril de Solobus de Transcaribe.“Nadie quiere un accidente ni nadie quiere que nadie muera. Yo le he dicho al gobernador que pueda tener la posibilidad de arropar a la familia, hay un seguro, una entidad, ustedes saben lo que yo he molestado con el tema del carril de Solobus, que no se metan las motos, cuántos accidente más han ocurrido con desenlaces fatales. Es una circunstancia que lamento profundamente, y no estoy sino atento a que la familia pueda sentirse respalda aún en este duro momento”, añadió.El pasado viernes 10 de enero Iván Enrique Cuentas, un adulto mayor de 74 años, murió en medio del siniestro vial que involucró a un vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignado al gobernador de Bolívar.En un comunicado, a través de redes sociales, la entidad señaló que se abrió una investigación interna para determinar por qué el vehículo era conducido por un contratista de la Gobernación de Bolívar y no por personal autorizado de la UNP.“Por este mal uso de medidas la entidad protectora adelanta investigaciones Internas y tomará las medidas correspondientes. Asimismo, la UNP colabora en lo pertinente con las autoridades respectivas que precisan responsabilidades de lo sucedido”, precisaron en la comunicación.Por su parte, la Gobernación de Bolívar, también a través de un comunicado de prensa, indicó que “el conductor del vehículo se encontraba desempeñando sus funciones habituales cuando, de manera inesperada, se produjo la colisión tras el cruce intempestivo del adulto mayor”.A su vez, añadieron, que han “brindado acompañamiento a la familia de la víctima”, y que están atentos a los requerimiento de las autoridades competentes.Extraoficialmente, se conoció que en el vehículo, al parecer, se movilizaba la primera dama del departamento de Bolívar, Angélica Salas.
La empresa Air-e reportó que uno de sus trabajadores recibió un audio amenazante por parte del cantante vallenato, Alex Manga, luego de que la compañía diera a conocer un supuesto fraude que detectó la energética en una casa campo en la que al parecer reside el artista en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico.El hecho fue rechazado por la empresa, la cual también especificó que no es la primera vez que identifica irregularidades en uno de sus predios. Según una comunicación oficial, Manga ya enfrenta acciones penales por el delito de fraude de fluidos, conocido como robo de energía.Estas fueron las palabras mencionadas en el audio: “Oye, hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Compa, habla con Alex Manga. Entiendo que es tu trabajo, pero también debes ser honesto con lo que haces. Me parece una falta de respeto la de ese señor de Air-e. El mismo día que revisó, sacó las cuentas de cuánto debía; y tú, sin más allá, mandas eso a los medios”.“De verdad que seguimos con el mismo cuento. Pasó en la finca que sacaron un informe que no era, mira cómo terminó todo. Esto es peligroso, estoy arrendado allí. Esa casa no es mía para que sepas, así que mi vida puede correr riesgo por culpa de ustedes, por sus atrevimientos”, agregó.Finalmente, Alex declaró, entre malas palabras, que “mirarán como vamos a hacer” ,pues entonces se verá obligado a tomar acciones legales.El caso fue dado a conocer por el grupo de investigaciones especiales de la empresa Air-e, el pasado 15 de enero. De acuerdo a los hallazgos, se trataba de un medidor tipo 4 electromecánico con dos puentes externos que proyectaba un consumo no facturado de 2055 KWh/mes.En otras palabras, fueron $2.342.700 dejados de pagar mensualmente, lo que adaptándolo a la línea de tiempo de seis meses sumó $14.056.200 dejados de facturar.
Un total de 418 transformadores instalados ilegalmente fueron detectados por parte de personal especializado de la empresa Air-e en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira en 2024.De acuerdo con un comunicado de la energética, estos equipos fueron colocados sin autorización de la compañía para alimentar clientes residenciales, comerciales e industriales, ocasionando pérdidas económicas por $8.590 millones al año, lo que representó $715 millones mensuales y más de $23 millones diarios.Adicionalmente, según Air-e, la práctica ilegal puso en riesgo la prestación del servicio de energía y la seguridad de los clientes que reciben el servicio desde estos equipos que no estaban registrados.La empresa siguió informando que del total de los 418 transformadores instalados ilegalmente, en los últimos cuatro meses de 2024 fueron detectados 210.Cabe mencionar que, con la energía hurtada, que correspondía a 9.8 Gigavatios hora/mes, Air-e pudo suministrar electricidad a 3.288 familias de estratos 1 y 2 en una ciudad como Barranquilla.Por otro lado, los ingenieros encargados de detectar transformadores ilegales determinaron que los municipios de Santo Tomás, Tubará y Sabanagrande (Atlántico), y Zona Bananera (Magdalena) son las poblaciones con el mayor número de hallazgos.Dentro de las revisiones se logró determinar que estos equipos no cumplían con las normas técnicas y, además, carecían del certificado RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), lo que representaba un grave riesgo para las comunidades.A su vez, Air-e también encontró que 13.436 usuarios accedían al servicio de energía en forma “pirata”, es decir, se conectaban a la red directamente sin tener contrato, lo que implica que no recibían la factura en sus casas o establecimientos comerciales.
Casi cinco años después de que se conociera este aberrante caso en Cartagena, un juez de conocimiento condenó a 16 años de cárcel a Sergio Luis Betancourt, un pastor de una iglesia cristiana que abusó sexualmente de una sus feligreses.De acuerdo a la Fiscalía, el religioso, aprovechándose de su labor como guía espiritual, le dijo a la víctima que debía liberarla de un espíritu maligno.Tras llegar a la vivienda de la mujer, y como parte del supuesto ritual, el pastor le aplicó aceites que le causaron somnolencia y en ese estado de indefensión le realizó diversos tocamientos en sus partes íntimas y la accedió carnalmente.“Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 16 años de prisión a Sergio Luis Betancourt Yepes, un pastor religioso que fue declarado responsable del delito de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir agravado. Los hechos ocurrieron el 22 de febrero de 2020 en la residencia de la víctima”, indicó el ente acusador.Las autoridades investigan una nueva denuncia de otra feligrés que también habría sido víctima del hombre.
Las condiciones de fuertes vientos y oleaje están impactando a los comerciantes de la Plaza del Pescado en Barranquillita, que están reportando una baja en ventas en productos de mar como lebranche, mojarra blanca, robalo, corvina y camarón, ya que las brisas impiden las labores de pesca y, por ende, que se registre escasez y aumento en el precio de estos alimentos.Jhon Gutiérrez, presidente de este mercado en el Centro de la ciudad, informó que mientras el róbalo tenía un precio de 11.000 pesos la libra, hoy llega a los $14.000, así como la mojarra blanca de mar que valía 15.000 pesos la libra, hoy se consigue por más de 20.000 pesos.Sin embargo, envió un mensaje de tranquilidad a los clientes, ya que estas condiciones han favorecido la pesca en el río, por lo que hay gran demanda de mojarra negra, roja, bagre y bocachico, cuyos precios han bajado considerablemente. Solo el bocachico que estaba en 30.000 pesos el kilo, se está ofreciendo a mitad de precio.“Estas brisas nos afecta para la venta del pescado de mar porque la gente no sale a pescar, pero al río sí le favorece”, comentó.Señaló que se prevé esta situación al menos en los dos primeros meses del año. Hay que recordar que el Ideam declaró alerta naranja en el mar Caribe por viento y oleaje.
Más de 24 horas desaparecido completa el joven Kevin Cera, de 21 años, quien la mañana del miércoles se hundió en el mar, a la altura de Puerto Velero, Atlántico, cuando se encontraba pescando con una cometa en compañía de varios amigos.El joven que no sabía nadar, al sostener la cometa, fue arrastrado por una ráfaga de viento que lo llevó a una zona profunda del mar, detalló el capitán Juan Ricardo Ortegón Vega, comandante de la estación de Guardacostas de Barranquilla, quien lidera la búsqueda del pescador.“El joven no sabía nadar y por las condiciones meteomarinas de la zona, la corriente en la en el sector de Puerto Velero la corriente es bastante fuerte, la brisa en el sector estaba bastante fuerte, con una velocidad de entre 25 y 30 nudos y posiblemente fue arrastrado a una zona profunda donde lastimosamente, posiblemente, el joven se ahogó”, dijo el oficial.Ante este incidente, que se habría presentado por un acto de imprudencia, el comandante de Guardacostas reiteró la invitación a los pescadores y navegantes a informar su zarpe o reportar el sitio donde realizarán su actividad de pesca, pues por la temporada los vientos esta semana soplan con velocidades entre los 46 y 55 kilómetros por hora.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel El Bosque a Ever Enrique Faix Díaz, alias 'El Sobri', el hombre que fue capturado luego de que el pasado lunes protagonizó una cinematográfica persecución en un carro rojo, con el que arrolló a tres personas, entre ellas un policía, en Soledad, Atlántico.La investigación permitió establecer que inicialmente, alias 'El Sobri', al parecer, arrolló con un vehículo a un hombre y se dio a la fuga. La comunidad alertó a la Policía del hecho y dos uniformados lograron interceptarlo más adelante.Dice la Fiscalía que en el momento que le solicitaron que se bajara del automotor, Faix Díaz retrocedió el carro y arrolló a un patrullero, quien quedó gravemente herido. Este momento quedó grabado por ciudadanos que se acercaron a la escena. Tras el incidente, alias ‘El Sobri’ huyó nuevamente, y atropelló a una tercera persona.A este hombre una fiscal seccional le imputó los delitos de tentativa de homicidio agravado, lesiones personales culposas, falsedad personal y daño en bien ajeno.El señalado delincuente el día de la captura se identificó ante la Policía con una cédula de ciudadanía falsa con la que pretendió ocultar que era la persona que buscaban autoridades con un circular roja, por haberse fugado de dos estaciones de Policía en medio de la investigación por el intento de asesinato de un comerciante en el barrio los Nogales, de Barranquilla.
Solo dos días fue el plazo que les otorgó el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sabanalarga al Ministerio de Transporte, Invías, la concesión Autopistas del Caribe y a la ANI para presentar un informe detallado en el que sustenten que realizaron la debida consulta previa a las comunidades afro de Luruaco, antes de empezar con las labores de la instalación del peaje en Arroyo de Piedra.Esto debido a una acción de tutela que fue radicada por el representante Gersel Pérez y las comunidades étnicas del Atlántico, cuya posición es contraria a la libre construcción de esta caseta de cobros.“Nos complace que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sabanalarga haya decidido admitir esta acción de tutela que se interpuso para poder defender los derechos no solamente de las comunidades negras, sino también de las indígenas que se encuentran asentadas en Luruaco y Sabanalarga”, declaró Pérez a Blu Radio.“Esperamos que pronto se pueda fallar a favor para garantizar los derechos constitucionales y legales de las minorías étnicas. Ellas tienen derecho a la consulta previa, la cual no fue realizada por el Ministerio de Transporte y la ANI, quienes vienen adelantando las acciones correspondientes a la implementación de un peaje en el municipio de Luruaco”, agregó.Esto retrasa mucho más los planes de estas autoridades viales, teniendo en cuenta que ya habían sido objeto de protestas por los ciudadanos justo en la zona en la que se piensa instalar este peaje.De no entregar este viernes los documentos relacionados al motivo de la tutela, la jueza Rosa Amelia Rosania tendrá 10 días para tomar una decisión de fondo al respecto.Recordemos que el representante Gersel Pérez también radicó una acción de tutela, por los mismos motivos, contra el proyecto del cobro de la valorización en la Vía al Mar. Sin embargo, aún espera respuesta del juzgado.El DANE estableció que en el municipio de Tubará, por ejemplo, un 64 % de la población es descendiente Mokaná, sin embargo, no más de un 10 % de los predios de esta zona fueron excluidos del cobro.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura Regional Norte anunció en las últimas horas que las deudas de aproximadamente $1 billón de pesos que mantiene el Instituto Nacional de Vías (Invías) con firmas de construcción, consultoría e interventoría afectarían la estabilidad de las empresas del sector de infraestructura del Caribe.La principal consecuencia de ello es que se despertaría una amenaza con retrasar o suspender la ejecución de proyectos viales claves para esta región.La CCI precisó, por medio de un comunicado, que en esta zona del país la crisis impacta con mayor fuerza a las pequeñas y medianas empresas por cuanto constituyen el 99% del total de las compañías de este sector registradas formalmente, siendo el 80,8% microempresas y el 19% pequeñas y medianas.Solo en Atlántico y Bolívar, en la cadena de valor del sector de la infraestructura, hay 762 empresas constructoras, 779 de proveeduría y 67 de consultoría, de acuerdo con datos del Registro Único de Proponentes de estos dos departamentos.La Cámara recordó que aunque no se ha establecido qué proyectos podrían paralizarse por la falta de pagos de Invías a sus contratistas, en la Región Caribe son responsabilidad de dicho instituto los viaductos de la doble calzada Barranquilla-Ciénaga; la variante de Ciénaga, y un tramo importante de la doble calzada Cartagena-Barranquilla.“La situación es más crítica porque entidades territoriales y otras del orden nacional, como el Departamento de Prosperidad Social, DPS, también han incumplido pagos a firmas que hacen la interventoría en obras a cargo de juntas de acción comunal, lo que está obligando a los contratistas a suspender sus actividades, con lo cual se acentúan las parálisis de los proyectos viales”, sostuvo el ente.“Esta situación acentuará el rezago que tiene la región Caribe en materia de infraestructura y afectará el transporte y la comercialización de bienes e insumos del sector productivo y de consumo de los hogares, con el consiguiente efecto en alzas de los productos y de la operación logística”, finalizó.