En busca de conseguir el origen de los indicios del caso Lezo, el juez Manuel García-Castellón y la fiscal española Ana Cuenca viajaron por tercera vez a Colombia para poder conseguir las pruebas de la compra de Inassa en 2001.
Los españoles arribaron la semana pasada a Barranquilla donde interrogaron a varios trabajadores de la empresa Triple A para conocer más pruebas de la operación que desembocó en la orden del Gobierno al Canal Isabell II, donde hubo una plusvalía de 66 millones de euros a costa del erario de la Comunidad de Madrid.
La comunidad de Madrid acusa al exgerente de Inassa Edmundo Rodríguez ante la justicia española por administración desleal, falsedad contable y apropiación indebida de 8,9 millones de euros.
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