La sección quinta del Consejo de Estado dejó en firme la suspensión impuesta por el Tribunal Administrativo de Bolívar al alcalde Antonio Quinto Guerra, involucrado en un escándalo de corrupción.
El Consejo de Estado determinó que no se incurrió en irregularidad alguna en cuanto a violación del debido proceso.
La Procuraduría, que pidió anular la elección, argumenta que Quinto Guerra estaba inhabilitado para participar en las elecciones pues había suscrito dos contratos con la Gobernación de Bolívar y el Ministerio de Vivienda cinco meses antes de la fecha inicialmente pactada para las votaciones.
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Además, el contrato con el Ministerio de Vivienda, de acuerdo con la Procuraduría, se amplió el 30 de octubre de 2017 a través de un otrosí.
De acuerdo con el Ministerio Público, un candidato a elección popular no puede ser al mismo tiempo contratista del Estado, y, al adelantar contratos en la misma región en la que buscaba ser elegido, estaba teniendo una ventaja sobre los demás candidatos.
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