A través de la resolución 40554, el Ministerio de Minas y Energía busca tomar las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento en el sistema de energía eléctrica del país así como el manejo eficiente de los recursos hídricos necesarios para abastecer la demanda nacional.Es así como teniendo en cuenta que se avecina una época de baja hidrología o de sequía por la disminución de lluvias, se busca determinar una producción mínima de energía por parte de los generadores térmicos como Tebsa, Termoflores en Atlántico, Gecelca en La Guajira y Córdoba y Termocandelaria en Cartagena.Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios de servicios públicos del Caribe, destacó que desde ya se tome esta previsión: "Esta resolución habla de autorizar a los generador térmicos con base a gas, carbón o combustibles líquidos para que tengan una base de generación mínima de energía mientras existan condiciones de baja lluviosidad. Se trata de una norma preventiva ante lo que pueda ocurrir a principios de 2025", indicó Alarcón.La resolución señala que a partir de la entrada en vigencia, el Ministerio de Minas y Energía (MME), definirá, al inicio de la semana o según sea requerido, a través de circular, la cantidad de energía de referencia para la generación mínima del parque de generación termoeléctrico, diario, a programar en el despacho económico nacional y la operación del sistema. Esta referencia será establecida con base en las recomendaciones brindadas por el Centro Nacional de Despacho (CND).Las medidas dispuestas estarán vigentes hasta el 31 de julio de 2025.
En una carta enviada al presidente Gustavo Petro, los voceros de distintas organizaciones de usuarios advirtieron sobre una crisis en la prestación del servicio de energía en la región Caribe. Según el documento, el riesgo radica en los pagos pendientes que el Gobierno nacional no ha realizado a la empresa Afinia, encargada de distribuir y comercializar la energía en esta zona del país.“Al no cumplir con los compromisos adquiridos con las empresas prestadoras para asumir el pago de la opción tarifaria y los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, el ambiente de crisis se intensifica. Es el caso de Afinia, a la que el Gobierno nacional adeuda más de 1,6 billones de pesos por dichos conceptos, lo que la pone en riesgo de inviabilidad financiera para continuar prestando el servicio”, señala la carta.Los usuarios enfatizan que la empresa necesita estos pagos para cumplir con sus proveedores y contratistas, especialmente aquellos encargados de generar la energía. Esta situación agrava aún más la crisis ya existente en la prestación del servicio en la región Caribe.“Teniendo en cuenta este contexto, resultan inaceptables las recientes declaraciones del ministro de Minas, quien señaló el hundimiento de la ley de financiamiento como un obstáculo para cumplir con el pago de la opción tarifaria”, continúa el documento. Según el escrito, el Gobierno se comprometió en mayo a asumir la deuda, por lo que la caída de la reforma tributaria no debería ser una excusa.Por esta razón, los usuarios solicitaron al presidente Gustavo Petro que, mediante un mecanismo legal, se garantice el pago de la opción tarifaria, tal como se había comprometido hace ocho meses. Además, pidieron la realización de una audiencia pública para exponer las problemáticas que enfrenta la región Caribe y buscar soluciones.“Por la naturaleza pública de EPM, casa matriz de la filial Afinia, consideramos que debe acceder a esta propuesta. La colaboración entre el Gobierno y una empresa pública es un mecanismo clave para encontrar soluciones”, concluye la carta.
A través de un comunicado, la empresa Cenit confirmó el fallecimiento de un trabajador de la firma contratista, víctima de un ataque en zona rural del municipio de La Gloria, Cesar.Se trata de Jhon Alexander Ospina, cuya muerte ocurrió hoy como consecuencia de un ataque con arma de fuego registrado el pasado miércoles 18 de diciembre en la vereda Meléndez, municipio de La Gloria.En ese momento, se conoció que los contratistas llegaron de manera tranquila en una camioneta Renault Duster hacia la vereda Meléndez, jurisdicción de Pelaya. Sin embargo, justo cuando intentaban bajarse, fueron acorralados por disparos perpetrados por desconocidos.Las autoridades mencionaron que las víctimas tuvieron que abandonar el vehículo para escapar con vida del sitio y dar pronto aviso a la Policía.De acuerdo con lo dicho por la empresa, esto forma parte de un ataque sistemático por parte de bandas criminales contra su infraestructura, con el fin de apoderarse de los hidrocarburos que se transportan por el poliducto Pozos-Galán.
Javier Gaviria, presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga alzó la voz en representación de habitantes de la Costa Caribe colombiana, al dirigir una carta al presidente Gustavo Petro solicitando que el Gobierno se ponga al día con las deudas del sector de servicios públicos. Gaviria destacó la gravedad de la situación que enfrentan los usuarios, quienes no solo lidian con altos costos de energía, sino también con una calidad deficiente en servicios básicos como agua y alcantarillado.Promesas incumplidas y tarifas en aumentoGaviria recordó que en mayo de 2023 el presidente Petro prometió nacionalizar la deuda tarifaria de los usuarios de energía, una medida que buscaba aliviar la carga económica sobre las familias. Sin embargo, ocho meses después, esa promesa sigue sin cumplirse. “A pesar de las esperanzas generadas por los anuncios del Gobierno, las tarifas han aumentado en promedio un 4,75% en el último trimestre, y al cierre de 2023 podrían representar un incremento anual del 22% en la Costa Caribe”, señaló.Además, denunció que la falta de acción del Gobierno ha agravado un problema que lleva años afectando a la región. El régimen tarifario especial establecido en el Plan Nacional de Desarrollo anterior no fue derogado, y las deudas acumuladas por el esquema de "opción tarifaria" siguen sin resolverse. Las empresas que suministran energía, como Afinia y Air-e, enfrentan serias dificultades financieras por la falta de pagos del Gobierno, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio para millones de usuarios.El líder de la Liga Nacional de Usuarios advirtió que, de mantenerse esta situación, el panorama para 2025 será extremadamente preocupante. Las empresas podrían verse obligadas a trasladar el costo de los subsidios no pagados por el Estado a los usuarios, lo que implicaría un encarecimiento masivo de las tarifas. Además, Gaviria expresó su inquietud sobre la focalización de subsidios incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, que podría reducir significativamente el número de beneficiarios. Esto, sumado al encarecimiento de las tarifas, dejaría a una gran parte de la población sin acceso a servicios básicos.La problemática no se limita a la energía eléctrica. Gaviria destacó las graves deficiencias en otros servicios públicos como el agua y el alcantarillado. "Es insólito que en pleno siglo XXI, en ciudades como Santa Marta, el agua no sea apta para el consumo humano, o que en comunidades de Cartagena haya inundaciones con aguas residuales debido a daños en infraestructuras clave", señaló.El modelo de prestación de servicios públicos, que prioriza la rentabilidad sobre el acceso universal, ha sido duramente criticado por los usuarios. “Después de 30 años de la Ley de Servicios Públicos, no hemos visto mejoras significativas en la calidad del servicio, ni se ha garantizado el derecho de los colombianos a acceder a ellos de manera digna”, añadió Gaviria.En su carta, la Liga Nacional de Usuarios insta al Gobierno a tomar decisiones inmediatas para evitar una crisis mayor. Gaviria pidió al presidente Petro que se reúna con el gerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y las empresas operadoras para buscar soluciones conjuntas que garanticen la viabilidad financiera del sector.“Detrás de cada luz navideña en las calles y parques, hay millones de colombianos exigiendo tarifas justas y un servicio de calidad. Es hora de que el Gobierno cumpla con su responsabilidad y atienda este clamor”, concluyó Gaviria.
Unidades de la Seccional de Investigación Criminal SIJINy el grupo GOES, de la Policía Metropolitana, llevó a cabo una importante operación contra el tráfico de estupefacientes en el barrio Carrizal.Durante una diligencia de allanamiento y registro se logró la incautación de 1.773 kilogramos de marihuana tipo "cripy", es decir, más de tonelada y media del estupefaciente, el cual se encontraba empacado en cajas de cartón marcadas.El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que esta droga iba a ser distribuida en todo el área metropolitana de la ciudad. El oficial indicó que esta droga pertenecería a la banda Los Costeños.“Según las investigaciones, esta droga estaba destinada a ser distribuida en el Área Metropolitana de Barranquilla. El valor comercial de la sustancia incautada se calcula en aproximadamente 7.600 millones de pesos, lo que constituye una significativa afectación económica para esta estructura criminal”, dijo el oficial.En el operativo no hubo capturas. La Policía insistió en el llamado a la comunidad para que siga denunciando todo tipo de delitos en la línea 3178965523, donde recibirán la información bajo completa reserva.
El rompimiento de una tubería de impulsión terrestre, que transporta aguas residuales y que hace parte del emisario terrestre de la ciudad, causó una emergencia sanitaria en la vereda de Tierra Baja, en la zona norte de Cartagena.Según el reporte de la empresas Aguas de Cartagena, el daño de la tubería de 1.800 mm se registró sobre las 2:50 de la madruga de este viernes. Sin embargo, aún no se ha determinado las causas de la ruptura de la misma.“Se realizará una excavación exploratoria para determinar las causas de la avería. Paralelamente, hemos movilizado maquinaria, equipos y personal para realizar la reparación de la tubería en el menor tiempo posible, minimizando el impacto con protocolos de mitigación para las aguas residuales”, indicó la empresa.El director de la Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito, Daniel Vargas, explicó que más de 40 viviendas resultaron afectadas por el desbordamiento de las aguas residuales.“Tenemos un Puesto de Mando Unificado instalado en la zona con todas las dependencias activadas, ya está interviniendo la empresa Aguas de Cartagena con maquinaria amarilla están succionando el agua residual. El protocolo que hemos actividad junto al Dadis y la empresa, es muy claro sobretodo en la limpieza, con carrotanques de agua, y a eso le suministra un químico, que es el que limpia verdaderamente contaminada, residual que entró a las viviendas”, detalló el funcionario.A su vez, el director de gestión del riesgo sostuvo que fue cerrado el bombeo en esta tubería para atender la emergencia e iniciar su reparación.“Lo que se está revisando ahora es cómo va ser el plan de reparación, y cómo desviar, por decirlo de alguna manera, las aguas que van hacían el emisario submarino, y el plan de atención porque son aguas servidas y residuales”, expresó.
El compositor vallenato Luis Hinojosa, miembro del jurado del concurso donde descalificaron una canción del ministro de Educación, Daniel Rojas, habló en Mañanas Blu sobre la razón por la cual el tema del funcionario público no funcionó para el Festival Nacional de Compositoes de San Juan del Cesar.De acuerdo con Hinojosa, la letra de la canción de Rojas no cumplía con los requisitos que exige el concurso al no contar con expresiones poética, sino vulgares. Además, el compositor afirmó que dicha canción ya había sido grabada en el año 2005 y la misma tenía que haber sido inédita. "Acá estamos en la lucha de conservar la poesía o el costumbrismo 100%. Su canción no es una expresión poética y ese tipo de letras aquí no participan. La canción llamada 'Se venció el contrato' había sido grabada anteriormente, lo que la inhabilitó automáticamente para el festival. Este tipo de reglas son necesarias para mantener la integridad del evento" sostuvo.Hinojosa también reveló que recibió una llamada de un magistrado, señalándole de que no conocía la identidad del ministro de Educación al momento de calificar la canción. "No califico a las personas, califico canciones. Nuestra lucha es por mantener el legado de maestros como Gustavo Gutiérrez y Escalona, quienes nos enseñaron el valor de la lírica en nuestra música", enfatizó.A pesar de los rumores y las interpretaciones políticas en torno a la descalificación, Hinojosa dijo que su decisión se basó únicamente en la calidad de la obra musical y no en cuestiones personales o políticas. "No es un ataque político, es simplemente la lucha por mantener la poesía en nuestro folclore", concluyó.Escuche la entrevista aquí:
La visita del presidente Gustavo Petro a Ciénaga de Oro, en el departamento de Córdoba, ocasionó importantes reclamos por parte de la comunidad, como la ampliación de la sede del Sena allí y la construcción de obras culturales. Sin embargo, fue el jefe de Estado quien le pidió un balance al alcalde sobre algunos aspectos del municipio.El alcalde de Ciénaga de Oro, Alejandro Mejía, estuvo presente durante la visita del presidente y en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, se pronunció sobre ese llamado de atención, que calificó como un “jalón de orejas” y que, según dijo, fue para su propio equipo de trabajo."Fue un reclamo honesto a su equipo de trabajo, ya que el presidente anunció desde hace un año y medio aquí, en plaza pública, en su municipio, y vino a constatar a ver cómo iban esos avances, que están en cabeza de los distintos directores y ministerios. Hablando del tema del Sena, él anunció ese proyecto hace un año y medio y la contratación está a cargo del Sena a nivel nacional", precisó.Explicó se hizo un convenio con la Sociedad Colombiana de Arquitectos y el procedimiento tiene unos estudios para el diseño y “eso ha demorado”. Recalcó que lleva un año y “no se ha avanzado en la construcción.Uno de los proyectos más esperados es el de la construcción del acueducto, que tiene un impacto no solo en Ciénaga de Oro, sino en otros municipios de la región como San Carlos. Aún con la promesa de recursos, Mejía señaló que los trámites han demorado demasiado."El presidente ha dado la orden y verdaderamente hay mucha tramitología en el sistema que ha atrasado todo. El tema del Sena, hace un año y medio, y todavía ni siquiera se ha contratado. Esa contratación está en cabeza del Sena nacional. Así hay muchas cosas que el presidente ha dado la orden (...) No avanza y yo pienso que cuando hay voluntad y cuando es una orden presidencial que hagan las cosas, pues debe de influir sin tanta tramitología. Eso es lo que está sucediendo", agregó.Además, se mencionó la necesidad de construir la Casa del porro, un lugar emblemático para la cultura local. Sin embargo, el alcalde subrayó que la burocracia ha sido un obstáculo significativo.El presidente Petro, quien nació en esta región, se mostró receptivo a estas inquietudes y vía redes sociales escribió que “buscando la casa del porro en Ciénaga de Oro y hasta ahora poco avance”.
La edición número 47 del Festival de Compositores de San Juan del Cesar acabó el pasado fin de semana ahí en este municipio del sur de La Guajira, pero aún hoy sigue resonando, y no precisamente por los acordeones, sino por cuenta de la polémica participación del ministro de Educación, Daniel Rojas, quien se postuló en la categoría aficionados con su canción titulada 'Se acabó el contrato'.Esta canción, que en YouTube aparece con una fotografía del ministro cantando junto al rey vallenato Beto Jamaica, fue descartada por el jurado, que en cuanto escuchó la letra decidió calificarla con apenas 3 puntos de 10. Y es que la letra habla de un hombre que decide dejar ir a una mujer, pero en uno de sus versos le advierte que será ella quien se perderá: "del polvo y los delirios”.Esa frase en doble sentido fue la que no le sonó al jurado Luis Hinojosa quien descartó la canción sin saber, dice él, que era compuesta por un ministro ni mucho menos que luego lo llamaría un juez, un magistrado y otras personalidades a reclamarle por esta decisión.El ministro de Educación, Daniel Rojas, no guardó silencio y en un extenso trino contó que “convencido por amigos guajiros", envió al festival "un intento de canción que desde hace años tenía por ahí (...) sin mayores pretensiones, como alguien que disfruta de su hobbie”.Los directivos del festival también dejaron claro que este evento busca preservar la música de acordeones y la poesía, por encima de cualquier personalidad política. Importan las letras, no sus autores.El presidente del festival también indicó que el ministro incurrió en otra falta al participar en la categoría de aficionados con una canción que ya había sido grabada en 2005 por Beto Jamaica. El directivo dijo que “esa es otra infracción y otra forma de burlar los estatutos" de la fundación.
María José Meza, una joven de tan solo 25 años, asesinada por sicarios esta semana en una calle del sur de Cartagena, se sumó a la lamentable lista de 23 mujeres que en lo corrido de este 2024 han perdido la vida a manos de sicarios o de sus parejas sentimentales en la capital de Bolívar.En la alarmante cifra, que ya preocupa a las organizaciones de mujeres, hay 17 sicariatos, tres posibles casos de feminicidios y tres más por establecer.Rubiela Valderrama, vocera de la Red de Mujeres de Cartagena y Bolívar, aseguró que lo está pasando con las mujeres en la ciudad, además de preocupante, muestra la “ineficacia” de las políticas públicas para proteger y brindar entornos seguros a las mujeres.“Es realmente preocupante toda esta situación de violencia contra las mujeres en la ciudad y vemos pocas acciones de la administración distrital. El hecho de que existan tantas mujeres asesinadas, violentadas ya sea por sicariato, porque estén o no involucradas en situaciones de violencia común, de delincuencia común o ya sea por feminicidios, o cualquier otro tipo de violencia basada en género, el hecho de que existan esta cantidad casos nos está mostrando la ineficacia de las políticas y de los programas que se están llevando a cabo desde la administración distrital”, sostuvo.Para las organizaciones feministas es urgente tomar medidas, junto a la Policía y otras autoridades, en materia de prevención.“Hacemos un llamado enérgico a la Secretaría de Participación, unidad de mujer, a toda la administración en cabeza del alcalde Dumek Turbay, para que realmente se pongan serios en los temas de prevención de violencias contras las mujeres y de prevención de violencia sicarial. No es posible que sigamos haciendo una serie de programas y actividades que, si bien llaman mucho la atención, a la larga no están actuando en las raíces profundas contra las mujeres en la ciudad”, indicó la también vocera de la Mesa del Movimiento Social de Mujeres y Feministas de Bolívar.La Policía Metropolitana de Cartagena ha señalado que la racha de sicariatos en Cartagena está relacionada, en un gran porcentaje, con los enfrentamientos de bandas criminales por el control territorial.En la ciudad, en lo corrido del año, se han registrado 371 casos de homicidios, de los cuales 256 corresponde a sicariatos.
Un nuevo esquema aprobado por el Fondo Nacional de Garantías respaldará la compra de energía en contratos bilaterales con empresas generadoras con un cupo de garantías por $180.000 millones.Esta medida podrá beneficiar a un 1.300.000 usuarios de Air-e en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira y, también permitirá aportar al proceso de intervención de la compañía, de acuerdo con Edwin Palma, agente especial, quien destacó que la optimización de la compra de energía mediante contratos a corto y mediano plazo representa una de las soluciones por parte del Gobierno nacional.“La optimización de la compra de energía mediante contratos a corto y mediano plazo representa una de las soluciones que desde el Gobierno nacional se están trabajando para hacerle frente a los desafíos estructurales de esta región del país frente al servicio de energía, como son las altas tarifas”, indicó.Añadió que se espera ahora una decisión de la Creg que permita avanzar en ese sentido, reducir la exposición en la bolsa de la compañía y llevar energía a estos tres departamentos donde hace presencia Air-e.Con esta solución hay expectativa sobre un impacto positivo en la reducción de las tarifas de energía, teniendo en cuenta que el esquema permitirá acceder a precios más competitivos en el mercado y a una mayor oferta de energía mediante contratos, a partir de 2025, lo que representaría una disminución paulatina de la exposición en bolsa.
Luego de 24 horas después de haber sido capturados en medio de un operativo adelantado por unidades de la Dijin, quedaron en libertad Dinelis Beatriz Ruiz Polanía, de 41 años, esposa de alias ‘Castor’, máximo cabecilla de Los Costeños y dos familiares.Ni a audiencia alcanzaron a ser presentados, pues la misma fiscal del caso detectó que, a todas luces, ningún juez de control de garantías iba darle vía libre a la legalización de las capturas, dado que en los allanamientos hubo vulneración a los derechos fundamentales de los indiciados y su círculo familiar.De hecho, Dinelis Beatriz y los otros capturados fueros remitidos a Medicina Legal para ser valorados, pues denunciaron agresiones por parte de algunos de los investigadores que llevaron a cabo el procedimiento.Blu radio conoció que durante el operativo fue allanada una vivienda en la que no se tenía orden de un juez.La capturaDinelis Beatriz Ruiz y las otras dos personas fueron detenidas en allanamientos practicados en los barrios San Marino y El Porvenir, en el norte de Barranquilla para que respondiera ante las autoridades por el presunto delito de lavado de activos.En medio de la diligencia se habría incautado una alta suma de dinero en efectivo, un arma de fuego e, incluso, un cuaderno con supuestos datos de víctimas de extorsión.
En La Guajira no cayó nada bien el anuncio de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) sobre la solicitud que hará la entidad para suspender el contrato por más de $ 42.000 millones firmado para instalar tres plantas desalinizadoras en el extremo norte del país.Este proyecto hace parte de los polémicos contratos de la UNGRD que hoy son investigados por sobrecostos y, si bien los indígenas wayuu no se oponen a las investigaciones, afirman que tales procesos no deben paralizar planes como estos, con los que se busca solucionar la escasez de agua potable que afecta a las comunidades.José Silva, presidente del Movimiento Indígena Nación Wayuu, advirtió que por estas decisiones de la UNGRD, esta población buscará ser reconocida como víctima del Estado en los procesos legales que están en curso."Lo consideramos como un ataque más al pueblo wayuu por parte del Estado colombiano, que en una evidente confrontación política decide suspender la instalación de una planta, sabiendo que tanto nos hace falta tomar agua potable", expresó Silva."Y es por eso que a través de este proceso penal nos declaramos y nos constituimos en víctimas, para que el Estado colombiano responda por todos los daños y perjuicios que le han ocasionado al pueblo wayuu históricamente", agregó.Los problemas de agua potable en La Guajira se reflejan en las 79 muertes de niños entre 0 y 5 años que han confirmado este año las autoridades y cuyas causas están asociadas a desnutrición, enfermedad diarreica aguda o infecciones respiratorias.Esto, sin obviar otros 31 fallecimientos que están en estudio y con los que serían más de 100 las muertes de niños registradas por el Instituto Nacional de Salud este año en La Guajira y, aún así, los wayuu afirman que existe un subregistro y que las cifras oficiales ni siquiera se acercan a lo que día a día afrontan las comunidades."Sería un escándalo tremendo si se llegara a llevar una estadística real de cuántos niños mueren a diario (...) sin exagerar, podría decirte que son cinco o diez niños que mueren por día, pero aquella estadística que se da a conocer es meramente institucional y no obedece a la realidad", dijo Silva.Precisamente en los últimos días murió una niña wayuu, de 3 años, que había sido trasladada de urgencia a Barranquilla con secuelas de desnutrición y síntomas de infección respiratoria, debido a las precarias condiciones en materia de agua potable y salubridad que afronta su comunidad en Punta La Vela, sector de La Guajira.
Luego de concretarse la liberación del ganadero Víctor Julio Velásquez, la Policía Nacional intenta moverse con rapidez para determinar a los responsables de su secuestro, el cual tuvo lugar en los primeros días de diciembre.En un video que fue difundido por las redes sociales se puede ver la alegría en la que el adulto mayor fue recibido por sus allegados en el municipio de Curumaní, Cesar. El hombre de 70 años agradeció a Dios por volver al seno de su hogar con vida.Los primeros en confirmar su libertad por sus respectivas cuentas de X fueron el alcalde municipal Hermes Fernando Martínez y Juan Gonzalo Botero, presidente ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Ganado de Colombia.Velásquez le relató a las autoridades que causalmente aprovechó un descuido de sus captores para escapar. Corriendo quizás sin un rumbo definido, dio con el centro urbano de Curumaní, donde fue rápidamente auxiliado.La Policía catalogó el acto de valentía como un “momento de esperanza para su familia quienes nunca perdieron la fe”.“Primero que todo le doy gracias a Dios por tenerme aquí en mi hogar, unido con mi familia. Segundo muchas gracias a la Gobernación y a la Alcaldía de Curumaní que me tuvieron presente durante el secuestro”, dijo inicialmente Víctor.“Gracias a la Fuerza Pública que estuvieron todos muy atentos. Gracias a los sacerdotes y a la comunidad en general, a todos aquí en el pueblo, estoy muy agradecido con todo el pueblo de Curumaní”, agregó.La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, se mostró feliz por su regreso y le prometió que irán tras los responsables de su rapto.“El señor Víctor Julio solito, con la ayuda de Dios, de su oración, de su fortaleza, rompió las cadenas del secuestro y muy de madrugada llegó al seno de su familia. La Gobernación del Cesar, la Alcaldía del municipio de Curumaní, nuestra Fuerza Pública, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y nuestro Gaula sentimos felicidad de poder compartir este momento con su familia. Tenemos un mensaje, vamos por los responsables de este hecho”, afirmó la mandataria.Recordemos que las autoridades mantienen en pie una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quien brinde información que permita identificar y capturar a los responsables.Blu Radio confirmó que son pocos los indicios que han logrado hilar las autoridades para descubrir quién estuvo detrás de este secuestro. Las pesquisas están a cargo de la Seccional de Antisecuestro y Antiextorsión del Gaula de la Policía Cesar.
La compañía Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, rechazó recientemente por medio de un comunicado el ataque a tiros contra tres trabajadores de una firma contratista en una vereda conocida como Meléndez, ubicada en jurisdicción del municipio de Pelaya, Cesar.El atentado tuvo lugar en la tarde de este miércoles, cuando estas personas realizaban un recorrido de inspección para verificar la instalación de una válvula ilícita en el poliducto Pozos Colorados–Galán.Los empleados no tenían mucho tiempo de haber llegado en una camioneta Renault Duster, con placas aún por establecer, cuando de repente fueron acorralados por los disparos perpetrados por desconocidos, dejando herido de gravedad a uno de ellos, cuyo pronóstico es reservado.De acuerdo a los reportes de las autoridades, las víctimas tuvieron que abandonar el automotor para escapar con vida del sitio y dar pronto aviso a la Policía Nacional.La persona herida, según los mismos informes, habría sido blanco de un disparo en su cabeza. Por lo cual, fue llevado inicialmente al hospital Francisco Canossa, tiempo después trasladado a la Clínica Alta Complejidad de Aguachica, pese a que ya fue autorizado su remisión a la ciudad de Bucaramanga. Al parecer, los otros dos funcionarios se encuentran fuera de peligro.Blu Radio conoció que el hombre lesionado se desempeña como inspector de líneas de la empresa Cenit y que, de hecho, es un intendente jefe de la Policía Nacional en uso de buen retiro.Cenit, además, “se solidarizó con las víctimas y sus familias, así como repudió estos actos que vulneran los derechos humanos e impiden el libre ejercicio del derecho al trabajo”.La compañía manifestó que todo hace parte de un ataque sistemático por bandas criminales en contra de su infraestructura, esto para apoderarse de los hidrocarburos que se transportan por el poliducto Pozos-Galán. Por ello, solicitó la rápida intervención de las autoridades judiciales.
Desde las 6:00 de la mañana de este miércoles 18 de diciembre una comisión de la Dijin, que llegó a Barranquilla, adelanta un gran operativo contra la banda criminal Los Costeños. Esto, luego de adelantar una investigación durante varios meses.Blu radio conoció que, en medio del procedimiento, fue capturada Dinelly Ruiz Polanía, madre de dos de los hijos de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, máximo líder de la banda de Los Costeños.La detención se produjo en una vivienda del norte de la ciudad, hasta donde los investigadores arribaron para practicar un allanamiento. Lo que se conoce es que Ruiz Polanía, presuntamente, estaría vinculada con el manejo de las finanzas de la estructura criminal.Personal cercano a la investigación informaron que Dinellys era la encargada de recibir el dinero producto de la actuación criminal de la banda Los Costeños, recursos con los que había comprado varias propiedades para lavar los activos de las rentas ilegales.En el operativo se habla de la captura de otros familiares de alias ‘Castor’ y de un abogado. Los capturados están siendo trasladados hasta la URI de Barranquilla. Autoridades aún no revelan más detalles del operativo.Dinelly Ruiz, en el año 2012, fue capturada en un operativo junto a Jorge Eliécer Díaz Collazos, cuando apenas se le empezaba a relacionar con atentados cometidos en el suroccidente de Barranquilla.Vale decir que los días pasados, el general José Luis Ramírez Hinestroza, jefe nacional del servicio de Policía, confirmó desde Barranquilla que la institución, junto con la DEA, está adelantando procesos investigativos en conjunto para establecer nexos de jefes de estructuras criminales como Los Costeños y Los Pepes, con el envío de drogas a los Estados Unidos.Demanda de extinción de dominioEn el año 2023, la Fiscalía 68 Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de Barranquilla abrió un proceso de extinción de dominio a varias propiedades a nombre de Dinelly Ruiz, entre ellas una peluquería de razón social “Franchesca Estética y Peluquería.En medio del proceso, el 25 de mayo de ese mismo año el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Barranquilla determinó no admitir la demanda de la Fiscalía bajo el argumento que hizo falta el cumplimiento de algunos requisitos formales sobre los bienes.Dijo el juzgado, en su momento, que la Fiscalía “no indicó de manera clara cuáles son los bienes sobre los que se solicita la extinción de dominio”
La cantante Karol G sorprendió, durante la tarde de este martes, a las jóvenes madres y los niños de la fundación Juan Felipe Gómez Escobar, en el sur de la ciudad de Cartagena.La ‘bichota’ visitó las instalaciones de Juanfe en el barrio Ternera, en donde cantó algunos de sus éxitos más sonados como ‘Mientras me curo del cora’ y ‘Mi ex tenía razón’ y, además, entregó regalos a los hijos de las jóvenes que hacen parte de esta fundación que trabaja por el desarrollo personal y profesional, y la erradicación de la pobreza de las mujeres y madres adolescentes.Catalina Escobar, fundadora de la Juanfe, aseguró a través de sus redes sociales que Karol G, junto a su fundación ‘Con cora’, entregaron 40 regalos a los hijos de las jóvenes que apadrinan en Cartagena.“Conversamos un rato, disfrutamos, cantamos, bailamos y gozamos su sonrisa, su buena vibra, su amor y su empatía. Hoy Karol G, nos regaló a la Juanfe y a sus “hijas” de esta casa en Cartagena un rato hermoso, que con su organización ‘Con Cora’, además, le trajeron la navidad y regalos a los niños”, escribió en su cuenta de X.Catalina Escobar además dijo en sus redes sociales que la premiada y reconocida artista colombiana, es una mujer “generosa” y “genuina”.“Yo les digo de corazón, Karol G es un ser increíble, sincero, entregado, generoso y genuino. Gracias por tu visita y te esperamos nuevamente”, escribió en un mensaje que acompañó de una serie de cuatro fotos en compañía de la cantante.Las imágenes y los videos de la visita de de la cantante paisa a las instalaciones de la Juanfe quedaron registradas en videos que difundieron algunos de los asistentes a través de redes sociales. La ‘bichota’ visitó la Juanfe en compañía de su padre Guillermo Giraldo.
Basado en los graves problemas financieros a los que se enfrenta la empresa, Afinia le solicitó en las últimas horas al Gobierno Nacional por medio de un comunicado que asuma la operación energética en el Cesar y en otros 11 municipios del Magdalena.La Filial de EPM apuntó que esta sería la solución más viable, puesto que actualmente no tiene garantizada su sostenibilidad ni, por ende, la prestación del servicio a futuro.Recordemos que en medio de la Asamblea Popular de la Democracia Energética que se llevó a cabo en Barranquilla, el presidente Gustavo Petro ya había hablado de la posibilidad de asumir la energía en el Cesar. Algo a lo que le dio luz verde sin pensarlo mucho.“Afinia nos quiere entregar Cesar, yo digo que sí, asumimos el reto del Cesar”, fueron las palabras que mencionó en su tiempo en la capital del Atlántico.Afinia describió que la falta de recursos financieros se debe a la acumulación del saldo de la operación tarifaria, los altos incrementos de los costos de la operación comercial con los agentes de la cadena eléctrica, sumado a la falta de pagos de los subsidios del Gobierno nacional que cubren estratos 1, 2 y 3.Esto sin mencionar la creciente cartera de entidades públicas como escuelas, hospitales y cárceles, entre otros, que han tenido un fuerte impacto en la liquidez de la empresa.La misiva termina destacando que pese a las millonarios inversiones de EPM para salvar la compañía, “los esfuerzos realizados han sido insuficientes en la recuperación de la cartera, revertir los indicadores de recaudo y pérdidas y la satisfacción de las expectativas generadas en la comunidad”.Por ende, se espera que en los próximos días se agende una reunión con representantes del Gobierno para discutir y “encontrar una solución para la prestación del servicio de energía eléctrica en el área atendida por esta empresa en la región Caribe y, en particular, en la alternativa planteada”.
Hasta la Procuraduría General de la Nación escaló el aberrante caso de abuso que se difundió en el sur de Barranquilla, los primeros días de diciembre, en el que una mujer de 93 años era supuestamente agredida sexualmente por su hijo adoptivo, a quien crió desde que era pequeño.Luego de que el Ministerio Público conociera presuntas amenazas de muerte contra la familia de la víctima, ahora solicitó información sobre la atención que se le dio a esta adulta mayor desde que fue llevada al hospital Camino Simón Bolívar.Puntualmente, a la Secretaría de Salud distrital se le requirió informar sobre la activación de la ruta intersectorial de atención para violencia sexual en este caso y precisar las medidas de atención integral tomadas, conforme a los protocolos establecidos.Asimismo, la Procuraduría pidió a la Oficina de la Mujer, Equidad y Género un informe sobre las acciones de orientación, asistencia legal y atención integral brindadas a la víctima, conforme a la Ley 1257 de 2008.Recordemos que el agresor al parecer estaba dispuesto a asesinarla a ella y a toda su familia si lo delataba, aunque fue descubierto, cuando una allegada lo sorprendió en pleno episodio dentro de una de las habitaciones de la vivienda.En su tiempo, Ruth Pareja, miembro de la Red de Mujeres del Atlántico, se pronunció sobre lo sucedido.“La clínica que atendió el caso no activó el protocolo de atención, entonces eso también es una falla. Tenemos que concientizar al sector de la salud que tiene una responsabilidad. No se actúa con una verdadera rapidez, eficacia y por eso es que muchos casos comienzan a quedar en la impunidad”, mencionó Pareja.Finalmente, a través de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, el ente de control confirmó que continuará vigilando el cumplimiento de las obligaciones legales y la protección de los derechos de la víctima.